El juzgado de Instrucción número 9 de Alicante ha archivado la causa contra el ex alcalde Gabriel Echávarri y la portavoz municipal socialista Eva Montesinos por una supuesta prevaricación urbanística de la que se acusaba también a Alejandro Ybarra, técnico municipal de Urbanismo.

La resolución judicial considera que no existen indicios directos o indirectos suficientes de la comisión de un delito penal, por lo que sobresee y archiva las actuaciones, sin perjudicio de que el asunto se pueda seguir por la vía administrativa.

Aquí puede leerse un extracto de la sentencia:

Cabe recordar que a finales del pasado mes de julio Eva Montesinos negaba haber firmado cuando era edil de Urbanismo prórroga alguna de la licencia de obra mayor urbanística en un chalet con infracciones, procedimiento que un vecino llevó a los tribunales y que ahora ha sido archivado.

El decreto de concesión de prórroga de licencia de obra mayor aparecía firmado por la actual edil de Urbanismo, la popular Mari Carmen de España, según la documentación a la que tuvo acceso este diario.

Montesinos admitió que estando ella como concejala de Urbanismo (llevó la Concejalía cinco meses) le llegó la solicitud de prórroga pero "no la firmé porque había una sentencia firme de restauración de la legalidad urbanística. No iba a darles una prórroga con una sentencia firme de por medio", declaró. "No firmé, se firmó posteriormente".

Según el vecino que interpuso la denuncia, el Ayuntamiento, tal y como lo dispuso una sentencia firme, debería haber impedido el suministro de agua y luz, anular el vado concedido y practicar anotación en el registro de la propiedad en una casa levantada con infracciones urbanísticas.

Los hechos se remontan a 17 años atrás en los que han tenido lugar diferentes pleitos con sentencias favorables a la legalidad urbanística. Fue el pasado mes de marzo cuando un ciudadano interpuso una querella criminal por considerar hechos constitutivos de los delitos de prevaricación y desobediencia a Echávarri, quien era alcalde en ese momento, Montesinos, concejala de Urbanismo y al jefe técnico de los servicios urbanísticos.

Según el denunciante, en el año 1997 su vecino colindante solicitó del Ayuntamiento de Alicante licencia de obras para edificar un chalet-vivienda de dos alturas. El demandante apreció ya en fase de construcción de la estructura del chalet una elevación inusual del techo del sótano, generando una planta más del edificio y en consecuencia una altura que afectaba a sus vistas. Después de numerosas solicitudes y quejas se declaró que la obra había incumplido la legalidad por exceso de altura y se ordenaba «restaurar el orden jurídico conculcado, ajustando la edificación a la licencia otorgada».

El propietario del chalet, que desde el día siguiente a la terminación de la obra y por tanto desde hace más de 17 años mantiene su vivienda en este inmueble -según el querellante- sin licencia de ocupación, alegó que había restaurado la legalidad de la obra tapando con pladur y luego con tierra las paredes y ventanas del sótano en la parte de altura excesiva. Así, solicitó al Ayuntamiento en varias ocasiones licencia de primera ocupación. Todas fueron denegadas. A partir de ese momento, el colindante y perjudicado dirigió al Ayuntamiento de Alicante numerosos escritos pidiendo la adopción de todas las medidas de disciplina urbanística necesarias para resolver la situación, precisando que «resulta una broma que semejante defecto lo quiera arreglar con el maquillaje de corregir el cerco y la tierra circundante del edificio».

Ya con Echávarri como alcalde y pese a las advertencias formuladas en reiteradas ocasiones, el Ayuntamiento dio licencia al presunto infractor para realizar un patio inglés, que había sido rechazado previamente en sentencia, y anunció que iba a conceder la licencia de primera ocupación del inmueble «omitiendo el cumplimiento del deber de restaurar el orden urbanístico conculcado».

El vecino afectado atribuía «este escandaloso comportamiento» al exalcalde, la concejala y al jefe de arquitectos, quienes finalmente acordaron otorgar licencia de primera ocupación al mencionado chalet.

El juzgado ha decidido archivar las actuaciones al no apreciar indicios de delito penal.