La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas devolverá cerca de 8 millones de euros a un total de 2.500 personas en situación de dependencia correspondientes al «copago encubierto» que aplicó el anterior gobierno en forma de recorte en las prestaciones.

Así lo aseguró la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Helena Ferrando, quien en una entrevista con la Agencia EFE subrayó que con esta cantidad «habremos acabado con una ilegalidad» y reparado el derecho de las personas dependientes.

La cantidad que se abonará en febrero se suma a los 18,4 millones de euros a un total de 4.014 dependientes que se hizo efectiva a partir del pasado 11 de diciembre.

Residencias y centros

Este «pago confiscatorio» suponía una disminución directa de la ayuda que percibían las personas dependientes en la Comunidad Valenciana durante el anterior gobierno de la Generalitat. Ferrando señaló que ahora faltará devolver el copago a las personas que tuvieron que pagar en residencias o centros asistenciales. Este copago es administrativamente más complicado de devolver ya que se tiene que justificar qué cantidad copagaron y se tienen que ver «caso por caso».

«Hubo gente que no llegó a pagar porque lo hizo el ayuntamiento, pero se tiene que justificar. Lo más fácil hubiera sido hacer un pago universal como estamos haciendo aquí pero no puede ser porque la intervención nos pide recibos», dijo.

La secretaria autonómica destacó que entidades como la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) «tienen muchas ganas, lo hacen muy bien y saben bien qué centros han pagado y cuales no».

Cuatro millones de la UE

Ferrando subrayó que desde la Unión Europea se han recibido ayudas de 4 millones para los centros ocupacionales, que permitirá atender a 6.000 personas de 66 entidades y contratar a 132 profesionales. Dos de los millones se destinarán para salud mental y otros dos para diversidad funcional y servirán para realizar un cambio de modelo de los centros ocupacionales y dirigirlos hacia una inserción laboral. «Seremos nosotros los que diremos a los centros a quien tiene que contratar y no ellos los que presenten programas», señaló.