La ruptura de una relación sentimental no es tarea fácil para las partes implicadas. Aunque es sabido que un buen divorcio es mejor que un mal matrimonio, esta situación no es nada deseable para la pareja que ve cómo su proyección de vida se quiebra y que evidencia cómo su idílicas expectativas comienzan a ensombrecerse, dando paso a una difícil convivencia. Los hijos suelen ser las grandes víctimas y en ocasiones sufren daños colaterales que pueden provocarles inestabilidad. Los expertos aconsejan a los padres que den prioridad al bienestar de su hijo e intenten negociar una solución en el que el pequeño se beneficie en todo momento. En ese camino, ha emergido la figura de la custodia compartida. La concesión de este procedimiento tras los divorcios casi se ha duplicado en los últimos cinco años en la provincia de Alicante. Este régimen, en el que el padre y la madre se reparten por igual el cuidado de sus descendientes, está avanzando a grandes pasos por la modificación en la doctrina de los jueces, las leyes autonómicas y el cambio de mentalidad de la sociedad. Más del 20% de los divorcios de Alicante ya acuerda repartir de forma equitativa los cuidados y atenciones diarias que requieren los menores, ascendiendo un 70% desde 2013.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja que en 2017 la custodia de los menores de edad se otorgó a padres y madres por igual en 819 casos, mientras que la madre la obtuvo en 1.060 ocasiones y el padre solo en 61. Si se analiza la evolución desde 2013, los datos reflejan un notable aumento puesto que durante ese año solo se aprobaron 486 custodias compartidas.
El objetivo de esta medida es que se pueda mantener una relación continuada, justa y sana entre los padres ya separados. Aunque este concepto se está abriendo paso a gran velocidad, lo más frecuente sigue siendo que tras el divorcio, los hijos permanezcan con uno de los progenitores mientras que para el otro se fije un régimen de visitas periódicas.
En el ranking nacional de custodias compartidas, Alicante ocupa el cuarto lugar de España, por detrás de Barcelona, Madrid y Valencia. En la cola se encuentran Melilla, Segovia, Soria, Zamora y Ávila con menos de una veintena de procedimientos.
Lucía Cortés es una madre alicantina que tiene aprobada una custodia compartida y que considera que la prioridad en este tipo de casos es mantener una buena comunicación con la expareja y alcanzar acuerdos consensuados. «Cada uno se hace cargo económicamente el tiempo que está con ellos. Los gastos extraordinarios se dividen al 50%, mientras que los ordinarios dependen de la nómina de cada uno», asegura Lucía Cortés, quien lamenta que sus hijos no se han adaptado bien a esta situación por la mala relación con su exmarido. «Lo importante es que los padres se lleven bien e intenten tomar las decisiones pensando únicamente en el beneficios de los hijos».
El portavoz de la Asociación Padres y Madres en Acción (PAMAC), Paco Rodríguez, ha asegurado que en un divorcio el principal problema es la vivienda . En su opinión, España debería fijarse en países como Suecia donde existe liquidación de bienes gananciales de forma automática como punto de partida para que, posteriormente, el juez valore si lo puede llevar a la práctica. El portavoz también ha recordado que el Tribunal Supremo ha establecido que el padre o la madre que vive con sus hijos en una vivienda familiar en régimen de gananciales y que introduce a su nueva pareja a convivir con ellos de manera estable, pierde el derecho a disfrutar del uso de esa casa.
Según ha informado PAMAC, en la custodia compartida la ley no señala plazos para la alternancia. La periodicidad puede ser semanal, mensual, trimestral o anual. Incluso cada día. Todo depende de los acuerdos que alcancen los padres y del mejor interés de los menores, según la valoración del Ministerio Fiscal y de los jueces de familia. La asociación opta preferentemente por el mutuo acuerdo de las partes, la guarda y custodia alternativa de los hijos así como por la liquidación de los bienes gananciales desde el mismo momento de la ruptura.
Tal y como han manifestado los abogados de Garón a este medio, la ley permite al menor que sea oído pero su opinión no es vinculante por no haber alcanzado aun la madurez suficiente como para decidir sobre si mismo, añadiendo que «la situación más idónea para primar el bienestar de los menores y manteniendo a salvo su equilibrio emocional, es aquella en la que existe un domicilio familiar principal, donde los menores estén instalados, siendo los progenitores los que realizan los cambios y con periodos temporales de larga duración».
Uso de la vivienda familiar
La custodia compartida es muy debatida en cuanto al uso del domicilio por si deben ser los padres quienes salgan del domicilio para que los hijos sigan viviendo allí o si son los niños quienes deben trasladarse del hogar de un progenitor al del otro. Esta última medida es la que resulta más beneficiosa para los expertos y los padres consultados, que consideran que los menores continúan su vida de manera normal sin añadir a la ruptura familiar el cambio de domicilio. Tras el divorcio, se recomienda a los padres vivir cerca el uno del otro para facilitar que los hijos continúen su vida sin mayores complicaciones: acudir al mismo centro escolar, relacionarse con las amistades de siempre y participar en similares actividades extraescolares y sociales.
