El exconcejal del PP de Comercio de Alicante, José Antonio Sobrino, se declaró ayer inocente de la acusación de prevaricación por fraccionar contratos por el montaje de una feria outlet en 2009 en la Zona Volvo y aseguró en la primera sesión del juicio iniciado en la Audiencia que nadie «me alertó de irregularidades ni de fraccionamiento de contratos» y dijo que «no sabía mucho de normas de tramitación». Sobrino, juzgado junto con el técnico municipal Diego Agulló, y para los que la Fiscalía Anticorrupción solicita siete años de inhabilitación para empleo o cargo público, afirmó ante el tribunal que el Ayuntamiento no organizó la feria outlet, pero al fallar varios patrocinadores previstos por la agencia de comunicación que presentó el proyecto tuvo que intervenir unos días antes para evitar su suspensión.
El presupuesto global era de 48.731 euros, lo que obligaba al Ayuntamiento a tramitarlo como procedimiento negociado sin publicidad en el que se consulta a varias empresas, pero se abonó a través de facturas inferiores al límite de 18.000 euros. La Cámara de Comercio y la CAM pagaron 12.000 euros cada una, aunque Sobrino indicó que el acuerdo era que colaborasen con 15.000 euros, con lo que el Ayuntamiento sólo habría pagado unos 13.000 euros, ya que había otras empresas que iban a patrocinar la feria y no lo hicieron.
Una cuestión donde coincidieron los acusados y la mayoría de los testigos, entre ellos el que fuera presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante y el dueño y un comercial de la empresa Alavés Montajes y Realización, es que la feria outlet fue organizada por una agencia de comunicación que contactó con varias empresas patrocinadoras que finalmente no llegaron a participar, lo que obligó al Consistorio a pagar más de lo previsto.
Coste cero
El exedil de Comercio defendió ayer que la agencia de comunicación y publicidad que le planteó el proyecto de feria outlet le expuso que el objetivo era que tuviera un coste cero para el Ayuntamiento y él se comprometió a obtener fondos de la Cámara y de la CAM.
Sobrino aseguró que unos días antes a la celebración de la feria en octubre de 2009 firmó el presupuesto de montaje a la empresa Alavés pensando que lo hacía como depositario del material del evento. El exedil precisó que la empresa paralizó el montaje mientras no firmase el presupuesto que garantizaba el pago, rúbrica que no estampó la responsable de la organización, y para no dejar en la estacada a los comerciantes le dio luz verde, pero creyendo que era en concepto de depósito. Sobrino señaló, además, que la agencia organizadora ya firmó en abril un primer presupuesto.
El exconcejal manifestó que su jefe de servicio, Diego Agulló, no participó en las reuniones sobre la feria porque estaba de baja y sólo intervino luego para pagar facturas.
El responsable de la empresa Alavés, contratado por la agencia de comunicación, declaró que solicitó que un responsable municipal firmara el presupuesto al no querer hacerlo la empresa organizadora y precisó que el contrato fue con la agencia de comunicación y no con el Ayuntamiento. El empresario se refirió asimismo a la grabación de su reunión con Diego Agulló, quien le dijo que había presentado mal las facturas y «me propuso que hiciera facturas con otras empresas que no habían realizado los servicios», propuesta que rechazó. Un comercial de esta empresa declaró que el edil Juan Zaragoza le dijo a su jefe en una reunión que «no se preocupara, que iba a cobrar», aunque el exedil de Hacienda matizó que eso fue en otro encuentro.
La empresaria que organizó la feria apuntó que la CAM y la Cámara pagaron menos de lo previsto, lo que habría evitado el coste que supuso para el Ayuntamiento, que «no organizaba, sólo apoyaba la feria». El exedil de Hacienda, Juan Zaragoza, aseguró que concertó citas con la Cámara y la CAM para patrocinar la feria y que hubo que hacer una modificación presupuestaria al no tener dinero suficiente. Sin embargo, las facturas se cargaron a partidas concretas sin esa modificación, según admitió ayer el interventor municipal, cuyo departamento no puso reparos al pago y dijo que es difícil controlar los fraccionamientos.
