Andrés Martínez dice basta. El presidente del Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó (52.000 hectáreas) ha comunicado esta mañana a su junta directiva su dimisión irrevocable al cargo que ostenta desde 2003 cuando sustituyó al anterior presidente, Luis Alted. Martínez lo deja debido a razones personales tras una ampliación de capital de su empresa, Green Grocer, al que se incorporan a partes iguales dos firmas de capital francés y libanés para trabajar al cien por cien en Senegal. Martínez mantiene el 33% de la empresa pero junto a sus dos socios se ha decidido que el ingeniero agrícola villenero sea el que dirija las explotaciones en Senegal.
Esta es la razón profesional y, por otro lado, su hartazgo con el Gobierno, éste y el anterior del PP, por el bloqueo del fallido trasvase Júcar-Vinalopó, han precipitado una decisión que "venía madurando durante los últimos meses pero ahora ya no queda otro remetido porque mis obligaciones profesionales me impiden dedicarme al cien por cien al Júcar-Vinalopó que parece no interesa a nadie en Madrid", ha subrayado Andrés Martínez, que se ha pasado los últimos quince años luchando junto a su equipo por conseguir agua en cantidad y calidad para la provincia de Alicante.
Le sustituye provisionalmente en el cargo uno de los vicepresidentes de la Junta, Antonio Berenguer, presidente de la comunidad de regantes de Aspe. Martínez seguirá formando parte de la Junta Centra, porque mantiene la Presidencia de la Comunidad de Regantes de Villena.
Cronologóa de un hartazgo. Primero fue la incorporación de la desaladora de Mutxamel y después el Ministerio para la Transición Ecológica ha comunicado a la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó que el convenio de explotación del trasvase (seis años funcionando en precario con acuerdos provisionales) tiene que incluir el pago, a cargo de agricultores y ayuntamientos, de 70 millones de euros del coste de las obras, tal como se firmó en 2001 en el convenio para la ejecución del trasvase.
Un convenio que saltó por los aires de forma unilateral en 2005 con el cambio de toma decidido por el entonces Ministerio de Medio Ambiente de Cristina Narbona y la expulsión de la Junta Central como usuaria del agua, pasando la titularidad a la Confederación del Júcar. El pago de la amortización de las obras representaría duplicar el precio del agua hasta los 0,53 euros el metro cúbico para una cantidad de 20 hm3; al año, que es lo que se negocia. Un precio superior al que se paga por el agua desalada y cuatro veces más alto que el caudal que llega del Tajo-Segura.
La Junta Central comunicó a la Confederación Hidrográfica del Júcar su negativa y solo acepta pagar 0,23 euros el metro cúbico (0,7 euros/m3; más que la tarifa pactada en un principio), al considerar que las obras debe pagarlas la Confederación del Júcar, que ahora mismo es la única usuaria del agua.
El riego de socorro aprobado en julio gracias a la aportación económica extraordinaria del Consell (800.000 euros) se acabará a finales de mes y si no hay acuerdo volverán las tensiones por la falta de recursos. Desde 2012, cuando se finalizaron las obras, la provincia de Alicante solo ha recibido 38 hm3; de agua del Júcar. Seis años en los se debieran haberse trasvasado 480 hm3; por una canalización que al final costó 400 millones de euros y sigue con graves carencias, como el que no se hayan reparado las fugas del embalse regulador de San Diego, en Villena. Mientras, el nivel del agua del acuífero de Crevillent ha descendido 18 metros y el de Elda 60 metros.
La cronología del desastre que ha supuesto el proyecto del Júcar-Vinalopó, un trasvase respaldado y apoyado por la UE con 120 millones de euros, arranca con el primer convenio firmado el 13 de julio de 2001, y en el que Gobierno y Junta Central de Usuarios (30.000 agricultores y 50 municipios) pactaban la construcción de un trasvase de aguas del Júcar por el que llegarían 80 hm?3; al año desde Cortes de Pallás.
El 28 de agosto de 2005 todo saltaba por los aires al cambiar la toma del agua al Azud de la Marquesa, en la desembocadura del río Júcar y cuyo caudal sólo sirve para regar, pero fue aceptado finalmente por los agricultores.
El 2 de diciembre de 2015 se firma el protocolo con el Ministerio de Agricultura para la firma del convenio de explotación y tras dos años el 21 de diciembre de 2017 se envío el borrador para la redacción del convenio definitivo. «El regadío paga un precio asumible y el déficit de la tarifa se repartía entre todos los usuarios, incluidos los ayuntamientos aunque el agua del Azud de la Marquesa no sirva para consumo urbano al estar mezclada con agua residual depurada», subraya Andrés Martínez, expresidente ya de la Junta.
El trasvase ha funcionado hasta ahora con acuerdos puntuales que se renuevan año tras año. Entre 2012 y 2018 solo han llegado 37,9 hm3, con un máximo de 8,7 hm3 en 2017 y un mínimo de 3,4 hm3 en 2014. Los 6,3 hm3 del riego de socorro de este año se acabarán del 30 de noviembre. A partir de ahí, de nuevo el caos.
