Los propietarios de viviendas destinadas al alquiler que se acojan a los precios de referencia que va a establecer la Generalitat en zonas y municipios de la provincia de Alicante -la medida se extiende a toda la Comunidad Valenciana- disfrutarán a partir de 2019 de exenciones fiscales del 5% en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con un máximo de 3.000 euros al año. Además, los dueños de los pisos que se dedican al alquiler contarán con prioridad a la hora de acogerse a las ayudas autonómicas para la rehabilitación de viviendas.

El anuncio lo hizo ayer la consellera de Vivienda, María José Salvador, en la presentación del Observatorio del Hábitat, un órgano cuya creación regula la Ley de la Función Social de la Vivienda y que en enero publicará el índice de referencia de los precios de alquiler. De momento no tiene carácter vinculante, pero el Consell ha pedido al ministro de Fomento, José Luis Abalos, que lo autorice. Mientras, bonificaciones y ayudas con un objetivo claro: pinchar la burbuja que se ha creado en el alquiler de viviendas en la provincia de Alicante, que ha subido hasta un 20% en los últimos tres años, según los datos de un informe hecho público ayer por Vivienda.

La Conselleria de Vivienda ha comenzado a chequear las zonas y municipios que soportan una mayor presión en los precios del alquiler con el objetivo de intentar controlar una situación que se ha vuelto insostenible para muchas familias, al haberse detectado una clara disminución del mercado privado del alquiler y un incremento notable de los precios.

La tarifa media que se paga por un alquiler en la provincia Alicante ha subido un 17% en los últimos 12 meses hasta situarse en los 737 euros de media por un piso de 90 m2. El Consell tiene decidido fijar un precio máximo del alquiler según municipios, porque no es lo mismo la realidad de Alicante o Benidorm que la de Elda o Cox.

La consellera María José Salvador presentó ayer el avance del Índice de Precios de Referencia, una herramienta que desarrollará el Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana creado por la Generalitat, y que servirá como «mecanismo de prevención ante la burbuja del alquiler».

Horquilla

A través de esta aplicación se podrán determinar las zonas tensionadas con altos precios en la Comunidad, ya que se ha hecho un trabajo de campo sobre la evolución de los precios en los últimos tres años y, además, también permitirá establecer la horquilla en la que se mueven los precios de referencia en cada zona dependiendo de la superficie de la vivienda y del año de construcción. El Observatorio del Hábitat celebrará su primera sesión en el mes de enero para identificar las zonas con más presión y establecer cuál sería el precio de referencia en el ámbito de las horquillas de precios establecidas.

«La Generalitat pone a disposición de los ciudadanos el Índice de Precios de Referencia que se podrá consultar en el visor que ha desarrollado el Instituto Cartográfico Valenciano en la web de la conselleria y que dará información a todas aquellas personas interesadas sobre los precios en su barrio o localidad», explicó Salvador.

Esta herramienta «aporta transparencia al mercado y a la política de vivienda», pero no solo tiene «una vertiente informativa para que los ciudadanos puedan conocer los precios de la zona sino que el objetivo es que se use y que los propietarios fijen sus precios siguiendo este índice», señaló.

Para ello, la Generalitat establece beneficios fiscales para aquellos propietarios que se acojan a este índice en las zonas más tensionadas que podrían llegar a deducirse un 5% del tramo autonómico IRPF con un máximo de 3.000 euros. Además, también se podrá obtener mayor puntuación en las ayudas estatales y autonómicas para actuaciones de rehabilitación.

Objetivo final

«El objetivo final de la Generalitat es que este índice pueda, con carácter obligatorio, limitar los incrementos abusivos de los precios de alquiler», aseveró la consellera. Una medida que la Generalitat ya ha trasladado al Ministerio de Fomento, que es el que tiene las competencias en esta materia para poder hacer vinculante este índice. La Generalitat ha analizado hasta ahora más de 220.000 datos objetivos del Registro de Fianzas de la Comunidad Valenciana así como los ficheros catastrales y datos geolocalizados que han permitido tener más de 50.000 precios de alquileres de viviendas. La aplicación creada permite tener los datos georeferenciados y determinar los precios en cada zona y la evolución que han seguido en los últimos tres años.

Así, del estudio realizado se desprende que en los últimos tres años, 45 zonas de la Comunidad Valenciana han sufrido una subida brusca de más del 20% del precio de alquiler. Estos datos se podrán utilizar por el Observatorio del Hábitat -formado por la Generalitat y con representación de las organizaciones sociales, empresariales y profesionales- para definir las zonas tensionadas y fijar los precios de referencia.

Por otro lado, la Conselleria de Vivienda ha encargado un estudio de viabilidad económico-financiero para la gestión de las parcelas de titularidad pública (30 en la provincia de Alicante), que se pretenden destinar a la promoción privada de edificios para su explotación en régimen de alquiler. El objetivo es incentivar la construcción de pisos -el suelo se cederá gratis y el promotor pagará un canon anual de explotación-, que se destinen al alquiler económico (200/270 euros al mes) durante un periodo determinado de años tras los cuales las viviendas pasarán a la bolsa de casas del Consell.

Por su parte, el Ministro de Fomento anunció a finales noviembre la puesta en marcha de un plan para promover la construcción de 20.000 viviendas en alquiler asequible en España de las 525 estarán en la Comunidad Valenciana. El Ministerio de Fomento ha transferido a SEPES un total de 21,5 millones de euros para iniciar ya la construcción de más de 5.300 viviendas y dar así el mayor impulso posible al Plan 20.000 Viviendas en alquiler asequible.

Prórroga

Cabe recordar que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes cambiar la ley del alquiler sin limitar los precios, como llegó a pactar con Podemos, pero sí amplió el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de tres a cinco años, así como la prórroga de uno a tres años para personas físicas, en el caso de que el arrendador o el arrendatario no manifiesten su voluntad de no renovarlo. Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato irán a cargo del arrendador (en los supuestos en los que el arrendador sea una persona jurídica), salvo aquellos gastos en los que se haya incurrido por iniciativa directa del arrendatario. Si hay acuerdo entre propietario e inquilino su podrán realizar obras de mejora de la vivienda sin necesidad de un nuevo contrato.

Nadie sabe a ciencia cierta cuál puede ser la bolsa de viviendas potencialmente alquilables en la provincia y, además, un gran porcentaje de las que están en el mercado se vinculan al alquiler turístico, lo que en muchas ocasiones dispara aún más los precios. En estos momentos, por ejemplo, los pisos más caros para alquilar se localizan, por este orden, en la Playa de San Juan de Alicante, Benidorm y Torrevieja, con tarifas entre los mil y los 2.500 euros mensuales.