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José Antonio Martín Pallín: «El Gobierno debería sugerir a la Fiscalía la libertad de los políticos catalanes»

Ofreció ayer una conferencia sobre el «Eclipse de los Derechos Humanos» en el Club INFORMACIÓN

José Antonio Martín Pallín: «El Gobierno debería sugerir a la Fiscalía la libertad de los políticos catalanes»

P ¿Estamos asistiendo a un eclipse de los Derechos Humanos?

R Algunos hablan de un declive. El declive nos lleva a la disolución y yo que soy un poco más optimista pienso que es un eclipse y como todos los eclipses pasará y volverá a salir el sol.

P ¿A qué se debe ese eclipse?

R Hay muchos factores. El cuerpo jurídico o ético de los Derechos Humanos nace al final de la II Guerra Mundial y en los primeros años hay una conciencia de que el olvido de los Derechos Humanos fue una de las causas fundamentales de lo que pasó. Después surgieron conflictos entre dos bloques enfrentados, el occidental y el soviético y ahí empezaron las fricciones. Los soviéticos se negaron a firmar el Pacto de Derechos Civiles, sólo firmaron el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A partir de ahí hay dos modelos de sociedad, las libertades civiles clásicas, la de expresión y manifestación más propias de las sociedades occidentales que de las dictaduras, sea comunista o sea la que nosotros padecimos 40 años, que en ese aspecto eran similares. Las posiciones sobre las libertades de Franco y Stalin eran las mismas.

P Hoy día ¿en qué se ven amenazados los Derechos Humanos?

R Al dar un vuelco la economía y aparecer las nuevas tecnologías se crean unas desigualdades que cada vez son más evidentes. Al haber más desigualdad se va en contra de lo que propugnaban los Derechos Humanos. Hay muchos sectores de la población que no tienen acceso a la estabilidad económica y laboral y no tienen otro camino que la movilización. Las movilizaciones pueden degenerar en actos de violencia. En España, a través de la famosa Ley Mordaza, se criminalizan determinadas conductas que en sociedades democráticas no se criminalizaban.

P ¿Qué se puede hacer para proteger los Derechos Humanos?

R Es una tarea fundamentalmente de los políticos, pero también hay que llamar la atención de los ciudadanos, se debe tomar conciencia de que una igualdad total es utópica, pero de que hay que evitar los desequilibrios tan brutales que existen. Sólo se puede hacer mediante políticas sociales de integración. Subir los impuestos a las grandes fortunas no es imposible, aunque tienen una gran habilidad para evadirse a los paraísos. La lucha no puede ser de un estado aislado, sino de la comunidad internacional. Cada vez hay más organismos internacionales como el Foro de Davos, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, pero han demostrado que son inoperantes y algunos como el FMI que son un peligro para la Democracia y los Derechos Humanos.

P Es magistrado emérito en el Tribunal Supremo, ¿cómo cree que se ha gestionado el cambio de doctrina con respecto a los impuestos a la banca?

R En el impuesto de Actos Jurídicos Documentados se venía haciendo una interpretación a favor de los bancos que yo creo que era contraria a la ley. La sección correspondiente la corrigió acertadamente y el presidente de la Sala tuvo la nefasta idea de salir y dar un mensaje demoledor: Esto lo corrijo en 24 horas. Ha causado un daño tremendo a la Justicia.

P ¿Cómo cree que debería abordar el Gobierno el problema catalán?

R Situándolo en su verdadera dimensión histórica. La cuestión catalana no es de ahora. Hay que recordar la Semana Trágica, las tensiones en la República, la rebelión de Companys. Durante el Franquismo el problema se agudizó por una persecución estúpida de la lengua. Todos estos factores se han juntado con otros problemas derivados de la globalización y los recortes y eso no amainó el espíritu de independencia de un sector de la sociedad catalana. Cuando se recibieron las primeras señales los políticos tenían la obligación de actuar. Zapatero reaccionó con un Estatuto que reconocía a Cataluña como nación pero lamentablemente el sector más reaccionario del Tribunal Constitucional lo despedazó. Después ha venido la hoja de ruta que empieza por una Ley de Referendum, un referendum, una Ley de Transitoriedad y una Proclamación de la República que no llega a hacerse efectiva porque no se publicó en el Boletín de la Generalitat. En cualquier sociedad democrática como Quebec, Eslovaquia o Escocia lo solucionaron los políticos, no los jueces. Yo creo que un referendum consensuado y con unos límites hubiera arrojado una mayoría no independentista, pero ahora ante la desproporcionada y contraria al Derecho Penal de criminalizar esas conductas el problema se presenta difícil de resolver.

P O sea que no ve una salida clara políticamente hablando.

R No, no lo veo claro. Hay varias personas en la cárcel por el ejercicio de sus derechos políticos y en Europa no lo entienden. Bélgica, Suiza y Alemania le han dicho a España que lo que ha habido en Cataluña no es una rebelión y es una opinión compartida por los demócratas europeos.

P Entonces no se atreve a predecir el futuro.

R Sería una osadía por mi parte predecir el futuro con unas personas absurda e ilegalmente en prisión provisional. No me explico que el Gobierno no le sugiera, porque la Fiscalía es independiente, que con arreglo a la más estricta legalidad esas personas deberían estar en libertad. Sería un principio de distensión. No sé cómo acabará el proceso, pero esto no contribuye a pacificar los ánimos.

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