La Audiencia de Alicante sentará en el banquillo la próxima semana al exedil del PP José Antonio Sobrino y al técnico municipal Diego Agulló por haber fraccionado presuntamente un contrato municipal. La Sección Décima ha señalado el juicio para los próximos 19 y 20 de diciembre. A ambos se les imputa un delito de prevaricación por trocear supuestamente en varias facturas el montaje de una feria outlet en 2009 en el Puerto de Alicante.
El fiscal considera que por el importe (48.731 euros) se tenía que haber abierto un procedimiento negociado que obligaba a pedir presupuesto a tres empresas, en lugar adjudicarlo a dedo a un único proveedor. Para ellos, la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el abogado José Alberto Ferrer, piden siete años de inhabilitación.
Esta causa es una pieza separada del caso Isjoma que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación a la mercantil del mismo nombre de la contrata para instalar actividades festeras. El Ministerio Público sostiene que el entonces edil de Comercio en la etapa en que Sonia Castedo era alcaldesa de Alicante José Antonio Sobrino «suscribió un contrato de servicios por 43.009 euros sin Iva adjudicándolo directamente y sin tramitarlo conforme al procedimiento negociado sin publicidad, que era lo que le correspondía legalmente por exceder los 18.000 euros».
El fiscal Anticorrupción Felipe Briones considera que tanto el concejal, como el jefe de servicio Diego Agulló «aprobaron pagos fragmentados del contrato inicial haciéndolos pasar por contratos menores» cuando «todos obedecían al mismo objeto suscrito». Agulló es el mismo técnico que posteriormente alertó de otro supuesto fraccionamiento de contratos en Comercio por los que el socialista Gabriel Echávarri también tendrá que sentarse en el banquillo.
La feria se celebró en octubre de 2009 en la zona Volvo. Este proceso se inició raiz de la denuncia que presentó el representantes de la mercantil Montajes Alavés S. L. (denunciante a su vez en la causa de Isjoma y adjudicatario del contrato de la feria), quien ratificó en sede judicial que el técnico le pidió que aportara facturas emitidas por terceros que no habían intervenido en esa ejecución para así no superar las cantidades que el Ayuntamiento podía pagar directamente sin necesidad de pedir más ofertas.
El fiscal señala en su escrito de acusación que el empresario aportó conversaciones grabadas el 1 y 17 de diciembre de 2009 con el técnico que acreditaban que éste tenía conocimiento de la infracción cometida, del procedimiento legal que se debería haber seguido, llegando a proponer a Alavés a que aportara facturas a nombre de terceros, a lo que éste se negó. El fiscal considera que el exedil suscribió un contrato por 42.009 euros adjudicándolo directamente y sin tramitarlo conforme al procedimiento negociado sin publicidad. Más tarde, el exconcejal y el jefe de servicio «perfectamente conocedores de lo ocurrido» aprobaron pagos fragmentados del contrato inicial, haciéndolos pasar por contratos menores.
