Los taxistas de Alicante y su área metropolitana (537 profesionales) se han concentrado hoy frente al Servicio Territorial de Transportes de la Generalitat en Alicante para exigir la regularización de las licencias de vehículos con conductor (VTC), y que se equilibre su relación con los taxistas, ya que el equilibrio no se ha recuperado desde que en 2009 se liberalizara el mercado hasta 2015, periodo a partir del cual se disparó la concesión de licencias.

Hoy, la ratio está desafasada y ya ni se sabe el número de licencias de VTC que hay en Alicante, según apunta Nacho Picó, presidente de Radioteletaxi, que urge al Consell a cumplir con las competencias que tiene. "El Gobierno ha dado cuatro años de cadencia, pero el Consell tiene que empezar a tomar medidas porque la competencia desleal es total, y es que en Alicante ya no solo hablamos de las VTC locales, sino que el verano pasado comprobamos como llegaron y trabajaron en la provincia vehículos con conductor que tenían licencias de Murcia, Extremadura, Madrid y Castilla La Mancha".

El Consejo de Ministros aprobó en septiembre un decreto ley que permite que comunidades autónomas y ayuntamientos pongan fin a las licencias de VTC en el transporte urbano, pero, en compensación, con un periodo de gracia de cuatro años en el que pueden seguir operando, aunque con restricciones.

El nuevo enfoque es diferente en cada ciudad, ya que cuando termine la moratoria de cuatro años cada comunidad y cada municipio o área metropolitana podrán establecer los límites que decidan para las licencias de VTC, como ya hacen con otros medios de movilidad urbana: taxi, coches compartidos, bicis y patinetes de alquiler.

Eso no hará que caduque ninguna de las licencias actuales, ya que conservarán todas las VTC la posibilidad de hacer recorridos interurbanos: entre dos comunidades autónomas por seguro y entre dos municipios de una misma comunidad si así se regula en la normativa autonómica.

Durante el período transitorio las licencias de VTC estarán blindadas y los entes autonómicos y locales no podrán suprimirlas, pero serán permitidas regulaciones sobre cómo hacen la recogida de clientes, sobre los horarios y turnos de los conductores o sobre los requisitos de los vehículos.

Eso, en la práctica, puede suponer grandes limitaciones en algunas ciudades, y, de hecho, el origen de la última fase del conflicto entre taxi y VTC se debe a los requisitos impuestos antes del verano por el Área Metropolitana de Barcelona, cuya norma fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La moratoria de 4 años sirve como indemnización por los derechos que pierdan las licencias si no pueden hacer transporte urbano a partir de 2022.

En España hay unas 11.000 licencias de VTC actualmente y se esperan otras 9.000 cuando acabe el goteo de resoluciones judiciales a su favor, ya que fueron concedidas en un período, entre 2009 y 2015, en el que eran legales. Luego se estableció por ley que debía haber un ratio de una VTC por cada treinta taxis, pero este no se cumple, y en la realidad es de alrededor de una cada cinco, que se acercará a una cada tres cuando terminen las tramitaciones judiciales.