La renta valenciana de inclusión se anunció a bombo y platillo al suponer un paso de gigante que incluía a los más desfavorecidos al reducir los requisitos, ampliar las cuantías y modificar cuestiones como el padrón o la unidad de convivencia. La ley entró en vigor el pasado 23 de abril, y aunque se podía solicitar desde ese mismo día, el reglamento se aprobó en mayo y los servicios sociales de los ayuntamientos aseguran que los usuarios «no las están cobrando». La ley es de tal envergadura que se ha puesto en marcha en cuatro fases. Las dos primeras (ya en funcionamiento) son las que se destinan a quienes no tienen ingreso alguno. Las llamadas ayudas «asistenciales» ya que, durante los próximos dos años entrará en vigor la renta valenciana de inclusión para quienes cobran una pensión (2019) y para quienes tiene un trabajo precario que no llega al salario mínimo interprofesional (2020).
Por ello, de momento, solo se puede solicitar la renta de ingresos mínimos (si el usuario no quiere hacer nada para mejorar o cambiar sus situación en algo) y la renta de inclusión social, pensada para que el usuario realice itinerarios sociolaborales para intentar salir de la exclusión social. En ambos casos se trata de usuarios que carecen de ingresos fijos y suponen pasar a cobrar entre 257 euros al mes (si no participa en ningún programa) y 515 euros (si realiza itinerarios sociolaborales).
La idea está clara, la ley está en vigor, el reglamento está publicado, el sistema está en marcha (los servicios sociales recopilan la documentación y envían la solicitud para que la conselleria resuelva el expediente y autorice el pago), el aplicativo informático (la nueva herramienta que se utiliza) está diseñado y en funcionamiento, pero la ayuda no llega a los usuarios.
Así lo aseguran los servicios sociales municipales de varios ayuntamientos, que afirman que el aplicativo informático con el que trabajan «nos indica claramente que solicitudes están en trámite o en nómina. Y en nómina solo tenemos el primer caso que hicimos de 'prueba' para ver si todo funcionaba correctamente». «Nosotros no tenemos expedientes pendientes. Vamos al día, pero la conselleria no paga aunque no sabemos el porqué», explican desde los servicios sociales de varios ayuntamientos, que sin embargo, no quieren verse señalados por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
La Ley Valenciana de Inclusión unifica en la renta del mismo nombre todas las ayudas al usuario para evitar ir de ventanilla en ventanilla, eliminar papel y recortar los tiempos burocráticos. De esta forma, si los servicios sociales tramitan la renta valenciana de inclusión el usuario no puede optar a otras ayudas porque ya están incluidas en unas cuantías que se han ampliado considerablemente.
El problema, según las mismas fuentes, es que «si la Renta Valenciana de Inclusión no llega a los usuarios acuden a los ayuntamientos y nos vemos obligados a darles asistencia y habilitar las partidas que tenemos para emergencias sociales porque no los podemos dejar tirados». «Al menos, nuestro ayuntamiento no lo hace. Así, mientras la ley prohíbe cobrar dos ayudas a la vez, los ayuntamientos nos vemos obligados a que esto sea así ya que ahora cuentan con las ayudas de emergencia de los ayuntamientos y luego cobrarán la renta, con carácter retroactivo pero no podemos hacerlo de otra forma», sostienen. «Hablamos de pago de alquileres, facturas de suministros eléctricos, bonos o becas. Si tienen derecho a la renta, la tienen aceptada porque cumplen los requisitos y no les llega el dinero, ¿qué otra cosa podemos hacer? No es lo que prevé la ley pero los usuarios en exclusión social no pueden esperar 9 meses a que resuelva la conselleria. Necesitan la ayuda cuando la piden y cada mes que pasa es un agujero mayor para ellos», afirman desde los servicios sociales municipales.
Fuentes de la Conselleria de Igualdad y Política Inclusivas, por su parte, aseguran que hay usuarios que ya están cobrando la renta. Pero no dicen cuántos son. No dan cifras de usuarios. Ni de solicitudes recibidas, ni tramitadas ni pendientes ni en nómina. Lo que sí dan es el dinero invertido hasta la fecha. «Desde la puesta en marcha de la Renta Valenciana de Inclusión ya se han destinado más de 1,9 millones de euros para hacer frente al pago de las primeras resoluciones que han ido saliendo. A esta cantidad hay que sumar los más de 38 millones de euros que se han pagado de renta garantizada de ciudadanía», afirman desde la conselleria que dirige Mónica Oltra. Saber el número de usuarios que sí la cobra parece, sin embargo, misión imposible.
