El 12 de diciembre de 2016, apenas tres días después de que María del Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala, cayera abatida de dos disparos en la cabeza en el lavadero del negocio de automoción propiedad de la familia que regentaba el marido de su hija pequeña, la Policía ya tenía firmes sospechas de que era este yerno, Miguel López Miguel López, quien había acabado con su vida.
Así lo pusieron los agentes por escrito en uno de los primeros informes en los que, en esos momentos en que la investigación era aún incipiente, el convencimiento de la participación de López en el asesinato de su suegra era inversamente proporcional a las pruebas con que se contaba para apuntalar policial y penalmente esa certeza.
Dos años después estamos igual. Pero con una importante salvedad. El magistrado José Luis de la Fuente ha dado por concluida la investigación sin que en este tiempo de instrucción se haya podido recabar una prueba directa de la participación del considerado autor material e intelectual de la muerte de la matriarca de los Sala. Ni el arma con la que se efectuaron los disparos, ni nadie que oyera o viera algo. Indicios hay, tantos como para que el fiscal José Llor y la acusación particular que el abogado Francisco Ruiz Marco ejerce en nombre el primogénito de la familia, Vicente Sala Martínez, reclamen más de 24 años por los delitos de asesinato con el agravante de parentesco y tenencia ilícita de armas. Pero pruebas, ninguna.
A saber. Que la familia estaba inmersa en una batalla campal por el control de la empresa del plástico (motor económico de los Sala) donde la acción de oro que el padre legó a su mujer para que ella se la traspasara a su hijo (y que le daba el mando real del emporio) se había convertido en un obstáculo insalvable entre los dos bloques en que estaban fracturados: María del Carmen, su hermana Toñi y su hijo Vicente por una parte y las hermanas Mar, Antonia y Fuensanta, esta última casada con Miguel López, por la otra. Que el enfrentamiento había llegado hasta tal punto que, a juzgar por los mensajes interceptados, puede hablarse abiertamente de odio hacia la víctima. Incluso por parte de algunos de los nietos a los que sus madres, e hijas de la fallecida, habían utilizado para que María del Carmen se «ablandara», según han admitido algunas de ellas en su declaraciones.
Y, lo que sitúa en peor posición al sospechoso de cara a su defensa: que sólo él tenía capacidad para preparar el escenario del crimen colocando el coche en el que la víctima fue tiroteada al fondo del lavadero y de cara a la pared (después de que uno de los empleados lo sacara una vez limpio al aparcamiento) cuando no sólo era su suegra y una persona mayor sino, además, la dueña del negocio la que iba a recogerlo.
A las sombras que presenta la investigación, que colocan el caso sin el debido apuntalamiento en cuanto a las acusaciones cuando el magistrado a punto está de decidir si lo sobresee o si, como parece lo más probable, lo envía a la Audiencia para que un jurado popular lo juzgue, hay que sumar decisiones del magistrado que no acaban de entenderse, y que tampoco él ha explicado. Como que el informe de los dispositivos móviles de Miguel López se facilitara a las partes el mismo día que daba por concluida la instrucción, a mediados del pasado octubre, cuando la Policía alertaba en el mismo del elevado tráfico de llamadas (232 en los meses previos al crimen coincidiendo con el fragor de la batalla empresarial y sólo una seis días después de asesinato) entre el sospechoso y Jesús Tavira, el propietario de un desguace presente en el concesionario la tarde del crimen e interrogado hasta el tres ocasiones en calidad de testigo antes de la detención del sospechoso, al que sólo le unían relaciones profesionales, según coincidieron ambos en declarar.
O la determinación del magistrado de mantener a Mar y a Antonia en el proceso como acusación particular cuando se da la paradoja de que no acusan (exoneran a su cuñado de cualquier responsabilidad en la muerte de su madre) y sin que tan siquiera le diera traslado de la petición planteada por Ruiz Marco al resto de las partes, entre ellas el fiscal, quien ya ha anunciado que se adherirá a la postura del abogado si recurre a la Audiencia.
En cualquier caso, para el 8 de enero está señalada la audiencia en la que Miguel López se lo juega todo por segunda vez. La primera ganó y, contra todo pronóstico, fue puesto en libertad tras 39 días entre rejas. En enero su suerte correrá entre irse libre a casa o sentarse en el banquillo de los acusados y en la tercera, de así acordarlo el juez, será un jurado el que tenga la última palabra.
