El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, derivó ayer a la Autoridad Portuaria la responsabilidad en el retraso de la convocatoria de la comisión Puerto-Ciudad para debatir sobre el polémico proyecto de construcción de 18 macrodepósitos (en dos fases) en suelo portuario, en los que se moverían hasta un millón de toneladas de combustible. El Pleno municipal, en su sesión de finales de octubre, aprobó de manera unánime una declaración institucional (pactada un día antes por todos los grupos) en la que, entre otras cuestiones, instaba al alcalde de Alicante, Luis Barcala, en su condición de presidente del consejo local Puerto-Ciudad, a convocar de «forma urgente» una reunión de dicho órgano para el «debate y adopción de las declaraciones que procedan» tras la polémica surgida en la ciudad por el proyecto de instalación de una macroplanta de combustible en el Puerto de Alicante. Y hasta hoy. Sin novedad ni fecha de reunión.

Barcala, superado el mes sin convocar la comisión Puerto-Ciudad, aseguró ayer que el retraso se debe a la falta de fechas en la agenda de la Autoridad Portuaria. «Estamos pendientes de que, entre otras cosas, en el Puerto haya fechas disponibles para coordinar la reunión», señaló ayer el alcalde, quien reiteró las prisas del gobierno municipal en reunir al órgano pese a la falta de decisiones firmes: «Tenemos urgencia por que se convoque lo antes posible para sentarnos a hablar de una cuestión que, por otro lado, el Ayuntamiento tiene clarísima: oposición frontal a la instalación de los macrodepósitos en el Puerto».

El regidor popular intentó suavizar la crítica a la Autoridad Portuaria, recalcando la falta de fechas por el actual momento del calendario: «Nos tenemos que poner de acuerdo, pero son fechas complicadas, no se nos escapa a nadie. Nosotros queremos cerrar la reunión lo antes posible».

En la declaración institucional aprobada por unanimidad y que promovió en un primer momento Guanyar, la corporación también alcanzó a finales de octubre otros seis acuerdos. Entre ellos, instar a la Autoridad Portuaria, a la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante y a la Generalitat Valenciana a desestimar «conforme a Derecho» las solicitudes de autorización que se enmarquen en alguna de las dos fases previstas. Y es que el proyecto, según la documentación que la empresa promotora hizo llegar a la Autoridad Portuaria, estaba dividido en dos partes: la primera, con seis macrodepósitos y un volumen de 111.000 metros cúbicos y una segunda, con doce depósitos más [cuya ubicación prevista se puede ver en el fotomontaje realizado por el grupo municipal de Guanyar] y un volumen de otros 700.000 metros cúbicos. Además, la Corporación también reclamaba al Gobierno central, ahora en manos del socialista Pedro Sánchez, que instase al Puerto a desestimar el permiso para la necesaria modificación sustancial.

Por último, el Pleno municipal de Alicante acordó instar a la institución presidida por Juan Antonio Gisbert a «iniciar los trámites» para modificar los planes específicos del Puerto con el fin de bloquear en el futuro que se promuevan proyectos como el de los macrodepósitos de combustible.