Cuando el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, alertó públicamente de la macroplanta de combustible que una empresa proyectaba en el Puerto de Alicante, el alcalde, Luis Barcala (PP), empezó marcando distancias, poniendo en duda la credibilidad del exconcejal de Urbanismo en su frontal oposición al proyecto portuario. Alegaba que sumaba sentencias judiciales en su contra. Sin embargo, esa postura le duró poco tiempo, apenas unas horas.
Enseguida supo maniobrar para no quedarse atrás: «La apuesta industrial de la ciudad debe ir por la tecnología. El proyecto debe retirarse». Barcala, en esos días, participó en una reunión clave con todos los portavoces de los grupos municipales en la que se consensuó una declaración institucional por la que el Ayuntamiento se oponía a la construcción de 18 macrodepósitos (divididos en dos fases) en terreno portuario. Con esa maniobra, además de no quedarse relegado, contribuyó a que el documento que se aprobó por unanimidad en el Pleno no fuera el que propuso en un primer momento Pavón, más radical en las formas y también en el fondo. El texto, así, era de todos, sin derrotados.
Barcala, el mismo que en el Consejo de Administración del Puerto celebrado un mes antes de que surgiera la polémica y en el que se informó del proyecto no dijo ni «mu» (cuentan consejeros presentes en la reunión), presumió a finales de octubre del acuerdo alcanzado entre los cinco partidos, una «rara avis» en este mandato en el Ayuntamiento de Alicante: «Es una excelente noticia, es un asunto de ciudad. Era fundamental que todos los grupos municipales pusiéramos por delante los intereses de los alicantinos».
Ese mismo argumento, sin embargo, ha dejado de tener validez para Barcala ahora, apenas un mes después del acuerdo plenario sobre el Puerto de Alicante. La Santa Faz, se entiende, no debe ser un asunto de ciudad ni se debe encontrar entre los intereses de los alicantinos. O eso se traduce de la negativa del alcalde a liderar, pese a sus movimientos iniciales en esa dirección, el intento de revertir la titularidad del monasterio, es decir, para que vuelva a ser propiedad de todos los alicantinos.
En este caso, la situación también le pilló a contrapié. De hecho, el alcalde, que presumía de contacto directo con el Obispado, se enteró por este diario de que las monjas clarisas habían abandonado, con nocturnidad, el convento rumbo, por entonces, a un destino desconocido. Esa salida fue el detonante de todo lo que se ha precipitado después. Barcala, que esa misma noche se presentó en Santa Faz, saliendo a toda prisa de un evento festero, se puso al frente de los mandos. Se rehizo con ligereza, para no volver a cometer el error inicial del Puerto. Y lo hizo con decisión, pero sin dejar hueco al resto de grupos en primera línea de batalla. Ni una reunión formal para trasladar novedades. Nada.
El alcalde, esos días a mediados de noviembre, fue contando, a quien le preguntaba o le escuchaba, que iba a pedir toda la documentación sobre el convento con el objetivo de reivindicar la propiedad para el Ayuntamiento. Entonces, y todavía a día de hoy, no está claro si el templo está a nombre del Obispado o se cedió, como defendió Barcala en el Pleno, de manera «irreversible» a las Clarisas. El templo, en el año 1979, con el socialista José Luis Lassaletta al frente del gobierno de Alicante, fue inmatriculado por la Iglesia bajo el mandato del obispo Barrachina. Y hasta hoy.
No había pasado ni una semana desde que las monjas habían salido del monasterio, abandonando la custodia de la Reliquia, cuando Barcala anunciaba que iba a «explorar todas las opciones para que el monasterio sea de los alicantinos». Esa posición de Barcala sirvió, recordando a lo sucedido apenas tres semanas antes con el debate generado en torno a los macrodepósitos del Puerto, para unir a los grupos municipales. Ya empezaba a ser menos «rara avis». Bueno, a todos menos a Ciudadanos, que se puso de perfil desde el primer día y hasta este viernes, cuando empezó a defender que se revise la propiedad de la Santa Faz pese a que en el Pleno, este jueves, intentó enredar para tumbar la propuesta elevada por los ex del tripartito a iniciativa de los socialistas.
Paso atrás
Barcala, que no hace ni quince días quería situarse, de nuevo, como cabeza visible del bloque municipal que trabajase por devolver el monasterio de la Santa Faz a los alicantinos, de repente cambió el paso. ¿Presiones de por medio (visto lo visto, no se descarta que el obispo mande en Alicante más que el propio alcalde) o cuestiones de índole electoral (el PP no habitúa a liderar batallas contra la Iglesia y menos a medio año de la cita con las urnas)? La realidad es que el alcalde optó definitivamente por dar marcha atrás a última hora, renegando de sus palabras (de las públicas y también de las privadas) y dejando sola a la izquierda en el cometido. Esa «espantá» le ha impedido a Barcala modular, como hizo en la polémica con la macroplanta, la propuesta que finalmente se aprobó en el Pleno con la inestimable colaboración de la tránsfuga Nerea Belmonte, que esta semana sí hizo gala de su procedencia política (exconcejala de Guanyar).
Así, el Pleno creó una comisión en la que se trabajará para que la ciudad recupere la titularidad del convento de la Santa Faz, pero que de paso intentará revertir otros bienes de la Iglesia. A buen seguro, si Barcala no hubiera abjurado, de repente, de defender la propiedad del monasterio para los alicantinos, esa declaración se habría aprobado en otros términos, midiendo cada palabra, como sucedió en el precedente del Puerto.
Para empezar, se da por hecho que no se habría hablado de «otros bienes» de la Iglesia, limitando los trabajos a Santa Faz (que es el objetivo real del PSOE y Compromís, como admiten en privado), y además se habría insistido, como le gusta a Barcala, en que el proceso tiene que respetar la legalidad vigente. Pero esta vez, el alcalde ha optado por dejar a un lado los intereses colectivos, permitiendo que otros piloten una iniciativa que va a echar a andar a meses de las municipales. Tal vez, Barcala prefiere ahora generar dudas hablando de «expropiaciones» a la Iglesia desde la izquierda, en lugar de trabajar para recuperar patrimonio para los alicantinos. Todo puede ser. Aquí, al final, nada se salva de entrar en campaña.
