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El Consell cuestiona el acuerdo del pleno sobre Pino y Ruaya por exceder la ejecución de sentencia

La conselleria da veinte días a Urbanismo para que explique su propuesta que, además de calificar el suelo como residencial, determinó la densidad de viviendas

Imagen de ayer de los terrenos de la finca Ruaya, en las proximidades de la avenida de Dénia. álex domínguez

La Conselleria de Vertebración del Territorio pone en seria duda el acuerdo alcanzado por el pleno de Alicante, en octubre, para la ejecución de la sentencia relativa a Pino y Ruaya. En un escrito remitido al Ayuntamiento, el departamento dirigido por María José Salvador cuestiona la propuesta del equipo de gobierno del PP, que decidió promover la clasificación del suelo como urbanizable, con un uso predominante residencial y una edificabilidad máxima de cincuenta viviendas por hectárea.

La Generalitat, a través de Vertebración del Territorio, destaca que la notificación efectuada por el Ayuntamiento «no concreta cuál es el objeto de su remisión a esta administración, ni se aporta la documentación integrante del expediente que ha debido motivar el acuerdo plenario». En el escrito remitido desde el Consell se subraya que el oficio del gobierno municipal de Luis Barcala es una «mera transcripción literal del citado acuerdo plenario, sin concretar si nos encontramos ante una aprobación provisional de una modificación del Plan General que se efectúa con el fin de adaptarlo a la sentencia, una aprobación definitiva municipal de una modificación del Plan General adoptada con el mismo objeto o bien una mera propuesta de actuación efectuada por la Corporación sobre la cual se solicita el estudio y valoración de esta administración autonómica».

Al respecto, la conselleria de Salvador añade que, en ese escenario, la administración autonómica «no puede extraer una conclusión clara respecto a la viabilidad o no del acuerdo plenario». Y no sólo eso, sino que el departamento deja por escrito que «no se llega a comprender el porqué, en ejecución de sentencia, el acuerdo impone en ese suelo un solo uso, el residencial, y con una determinada densidad adaptada a las disposiciones de la ley de 1976».

Vertebración recalca que, siempre partiendo de la información que facilita la Corporación, «la sentencia judicial se limitó a determinar la clasificación que debía otorgarse a ese suelo, sin imposición adicional alguna al respecto». Esta fue la teoría defendida por el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, en el pleno, donde su formación se quedó sola en el voto en contra. «Tampoco queda clara la fundamentación que sustenta la aplicación de la Ley del suelo de 1976 por cuanto que, en el supuesto de que nos encontráramos ante un instrumento de planeamiento que venga a adaptar el PGOU de 1987 a la sentencia de 1992, debe ajustarse a la legislación vigente en el momento actual y no a aquella conforme a la cual se redactó y aprobó aquel plan», apuntó Pavon.

La conselleria, por otro lado, da veinte días hábiles a la Concejalía de Urbanismo para que aporte la documentación «aclaratoria» del acuerdo. Pavón, por su parte, considera que Vertebración «da un serio varapalo a Barcala y De España [actual concejala de Urbanismo], pero también al PSOE local y a la portavoz de su grupo municipal y exconcejala de Urbanismo, Eva Montesinos, e incluso a Compromís, aunque se abstuviera». Además, considera que sale «mal parado el actual jefe del servicio de planeamiento, Pablo Núñez de Cela, que avaló la decisión del minigobierno del PP».

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