El Reino de España va por libre en la aplicación de la Euroviñeta, la directiva europea que bajo el principio de «quien contamina paga» impone una tasa a los vehículos que circulan por las vías de alta capacidad. Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Austria, Bélgica, Chequia, Hungría y Polonia y hasta Portugal han implantando peajes en el cien por cien de su red de autovías. O en porcentajes muy elevados que afectan al 79% u 85% de su red de carreteras.
La Euroviñeta se reguló por primera vez en una directiva europea de 1999, revisada en 2006 y vuelta a modificar el 3 de mayo de 2017. Su cobro sólo puede imponerse en el uso de autopistas o autovías bajo el «principio de proporcionalidad de las tasas» según el tiempo de utilización de las infraestructuras, el tipo de emisión de los vehículos o que se circule de día o de noche.
El debate surge de forma recurrente desde hace años. Como ahora, cuando se avecina una catarata de caducidad de concesiones de autopistas de peaje: 1.479 kilómetros dejarán de ser de pago en la próxima década de los 3.307 de pago que existen actualmente en España.
La situación requiere un debate que el actual Ministerio de Fomento está dispuesto a abrir, según aseguró el viernes en València el secretario general de Infraestructuras, Javier Izquierdo. Se trata, dijo, «de buscar un sistema homogéneo para la red de todo el país» para evitar que haya zonas con peaje y zonas sin. «Hay que hacer una reflexión para ver cuáles tienen que ser». Por ahora, el Ministerio de Fomento apuesta por la liberalización generalizada. Y asegura que asumirá el mantenimiento de los 367 kilómetros de la AP-7 que se incorporarán a la red estatal de carreteras a partir del 1 de enero de 2020.
Aunque las arcas públicas no están para echar cohetes. La inversión en carreteras (mantenimiento y nueva construcción) ha caído de los 3.746 millones en 2010 a 1.717 millones en 2017 (832 para nuevas carreteras y 885 para conservación).
Una cifra insuficiente a la vista de los sucesivos estudios realizados por entidades como la Asociación Española de Carretera (AEC), la Asociación de Empresas de conservación y Mantenimiento (ACEX) o el Real Automóvil Club de España, que constatan un «déficit de conservación endémico y prolongado en las carreteras españolas (pavimentos en mal estado, marcas viales, balizamientos o iluminación) de 7.000 millones de euros que empeora cada año, al reducirse las inversiones en conservación.
Para revertir esta situación y no cargar a las arcas estatales, «que han de atender inversiones necesarias en educación o sanidad», la Cámara de Contratistas plantea «la implantación de la Euroviñeta para toda la red de alta capacidad en toda España, en función del kilometraje realizado, tipo de vehículo, recorrido, frecuencia y uso».
En la Comunidad Valenciana las candidatas a ser autovías de pago serían la A-31 (Alicante-Albacete-Madrid) la A-3 (entre València y Madrid), la A-7 (Autovía del Mediterráneo) y la A-35 (Almansa-Xàtiva).
Sólo quedarían eximidas de esta tasa por uso «la red periurbana o metropolitana» de acceso a las ciudades. Aunque «sí se debería implantar un carril rápido, vía T o carril bus, también de pago tarificado, para evitar la congestión de todos los automovilistas y dar la posibilidad de que un porcentaje prefiera ir por la vía rápida».
