«Mi casa no es mi cárcel» es el lema con el que la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) han dado a conocer la campaña #Arrestópolis, en referencia a aquellos edificios donde la falta de accesibilidad obliga a las personas con discapacidad a permanecer encerradas en sus propias casas en contra de su voluntad.

En este sentido, se han celebrado concentraciones en 37 ciudades españolas para reclamar que se modifique la Ley de Propiedad Horizontal y eliminar así la actual limitación económica de 12 mensualidades de gastos de la comunidad para que sea obligatorio realizar las reformas de accesibilidad de la misma forma que las comunidades vecinales afrontan otras reformas ineludibles derivadas de las condiciones estructurales, la estanqueidad, la habitabilidad y la seguridad.

Antonio Ruescas, presidente de Cocemfe Alicante, señaló que «las personas con discapacidad necesitamos una casa en la que vivir y necesitamos poder salir y entrar en ella por nosotros mismos y por nosotras mismas, porque, de esta manera, tendremos la posibilidad de acceder a nuestro derecho al trabajo, a nuestro derecho a la educación y, no menos importante, nuestro derecho al ocio».

Se han reivindicado ayudas específicas a todas las comunidades vecinales que deban afrontar este tipo de actuaciones, ya que actualmente solo el 10% de los edificios que realizan estas obras han obtenido subvención para llevarlas a cabo. Actualmente, sólo el 0,6% de los 10 millones de edificios de viviendas de España cumplen de manera total con la reglamentación en materia de accesibilidad.