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Desde hace dos meses

El PP investiga las presuntas irregularidades en la limpieza de los colegios desde hace dos meses

El gobierno local abrió en octubre un procedimiento para «dilucidar» posibles incumplimientos en un servicio adjudicado en febrero

La limpieza en los colegios está siendo investigada por el Ayuntamiento. pilar cortés

El concejal de Limpieza e Infraestructuras, el popular Israel Cortés, reveló ayer que el Ayuntamiento abrió el pasado mes de octubre una investigación interna para «dilucidar» posibles irregularidades en la prestación del servicio de limpieza de colegios e instalaciones municipales, adjudicado en febrero a la UTE Limpal (formada por Clece y Fissa) y cuya ejecución ha sido denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción por un ciudadano ante un supuesto «incumplimiento sistemático» del pliego de condiciones.

El concejal Cortés explicó ayer que la decisión se tomó en octubre. «Di curso a una providencia para abrir un procedimiento para dilucidar si se estaban dando esas irregularidades», prosiguió el edil, quien defendió el trabajo de supervisión de la contrata a cargo del Ayuntamiento: «Hasta ahora, nos consta el buen hacer de los inspectores y también la buena voluntad de la empresa para ir corrigiendo sucesivamente las deficiencias que se le han ido trasladando».

Las palabras de Cortés llegan después de que este diario informase de una denuncia ciudadana presentada hace apenas una semana ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante en la que se alerta de posibles irregularidades en la prestación del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales. El contrato, formalizado el pasado enero, tiene un coste de unos 14,2 millones de euros anuales y un plazo de ejecución de dos años, con una posible prórroga de dos ejercicios más. El escrito, dirigido a la Fiscalía Anticorrupción, subraya posibles «responsabilidades administrativas» por el «incumplimiento sistemático» del pliego de condiciones del servicio. Además, también subraya supuestas «responsabilidades penales» por una posible «malversación de caudales públicos». Es decir, el escrito apunta hacia la adjudicataria del servicio por, supuestamente, no cumplir con lo recogido en el contrato firmado hace menos de un año y contra el Ayuntamiento (que durante el periodo de vigencia del contrato ha estado dos meses en manos del PSOE y, desde el pasado abril, del PP) por no ejercer, presuntamente, la tarea de fiscalización sobre el estricto cumplimiento del pliego del servicio.

Cortés, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, admitió ayer que, por ahora, no ha habido ningún tipo de sanción a la adjudicataria. Sin embargo, el edil insistió en que, en caso de demostrarse algún incumplimiento del contrato de limpieza de colegios y dependencias municipales, se producirán «aminoraciones en el pago de las futuras certificaciones».

El portavoz adjunto del gobierno municipal subrayó ayer que la investigación está abierta y que de momento no se ha podido determinar ningún incumplimiento. «Si se determina algún incumplimiento, se podrán hacer los ajustes oportunos en el pago de las siguientes certificaciones», añadió ayer el concejal, quien defendió que el gobierno municipal del PP ha sido «escrupuloso» en las tareas de supervisión. El PSOE, por su parte, exigió ayer al gobierno de Barcala que «vele por el cumplimiento del contrato de limpieza de colegios y dependencias municipales».

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