La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha acordado hoy con los sindicatos en la mesa de negociación de la Función Pública la convocatoria de oposiciones
La oferta de empleo público (OPE) para 2018 de la Generalitat ofrecerá 2.417 plazas y se fusionará con las oposiciones de 2017, que tiene 2.008 puestos, con lo que la oferta conjunta será de 4.425 puestos de trabajo, ha informado el Consell en un comunicado.
El aumento del número de puestos que se ofertarán se justifica en que los límites impuestos por el Gobierno son menos severos que en años anteriores y, de hecho, la tasa de reposición (el número de plazas que se pueden convocar para sustituir a los trabajadores que se han jubilado) está en el 100 % de los sectores prioritarios (seguridad, sanidad y bienestar social) y en el 75 % para el resto de categorías profesionales.
Bravo ha manifestado que de esta manera "podemos trasladar la recuperación económica al ámbito de la Administración y contribuir a la generación de ocupación que redunda en una mejora de los servicios públicos".
La OPE permitirá reforzar sectores básicos como los asistenciales y los vinculados a la lucha contra el fraude fiscal, la concesión de ayudas públicas, el asesoramiento jurídico y de gestión de recursos, la prevención y extinción de incendios, el empleo, la agricultura y el apoyo al turismo y la actividad cultural, entre otros, según ha destacado.
Comprenderá la convocatoria de 400 puestos para administrativos y auxiliares, 123 de técnicos de Administración General; 35 plazas para técnicos de Medio Ambiente; 120 puestos de Orientación Laboral y más de 600 entre educadores de Educación Infantil, Educación Especial y especialistas en Atención Sociosanitaria, entre otros.
Se reserva más de un 7 por ciento de la totalidad de las plazas para ser cubiertas entre personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
También se promueve y respeta la igualdad de género porque se aplican las medidas previstas en el Plan de Igualdad de la Generalitat y se prevé que, como criterio de desempate, sean mujeres las seleccionadas en el caso de que ellas estén infrarrepresentadas dentro del cuerpo o escala objeto de la convocatoria.
El decreto de la OPE también incluye una serie de medidas para que los procesos de selección se rijan por los principios de agilidad, eficacia y eficiencia.
Se están preparando una serie de órdenes que fusionará convocatorias de la OPE de 2017 con la de 2018 en aquellos procesos que sea posible.
También se creará una comisión permanente de selección que, entre sus funciones, será la encargada de la elaboración y corrección de las pruebas comunes que existan en diversas convocatorias.
Según ha explicado Bravo, estas medidas están orientadas a que no se eternicen los procesos selectivos y el objetivo es que los procesos de los cuerpos A1 y A2 tengan una duración máxima de 11 meses y los de los restantes cuerpos un máximo de 8 meses.
