El servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales ha estado rodeado de polémica desde el inicio del mandato. De hecho, el empresario Enrique Ortiz estuvo veinte meses prestando fuera de contrato un servicio al que renunció en marzo de 2017. Esa decisión obligó al tripartito a realizar una contratación de urgencia, que recayó en manos de FCC, empresa elegida entre las cinco ofertas que se presentaron. Tras la redacción de dos pliegos de condiciones y una amenaza de huelga de por medio, el servicio fue adjudicado a una UTE que presentó la mejor oferta, basada sobre todo en los criterios que dependían de los juicios de valor, donde sacó la mejor puntuación. Durante los últimos meses, han sido constantes las quejas de los trabajadores por despidos y las condiciones laborales. Compromís denunció incluso falta de productos de limpieza.
