El Ministerio de Fomento ha dejado en el aire a medio plazo el ambicioso proyecto para remodelar la autovía A-7 entre Crevillent y Murcia (72 kilómetros) que heredó del anterior Ejecutivo, pero que el equipo del ministro José Luis Ábalos ha recortado en un 80%, ya que solo va acometer, en una primera fase, la construcción de un tercer carril en los 17 kilómetros que separan el enlace de Crevillent y el de Orihuela. La obra que se quiere licitar antes de final de año tiene un coste de 67 millones de euros, lejos de los 506 millones de euros en los que se presupuestó el proyecto.
Una actuación clave para una carretera que soporta un tráfico diario de 48.335 vehículos de los que 9.430 son pesados, y cuya intensidad seguirá creciendo sin freno en los próximos años. Hasta los 50.453 vehículos diarios en 2021, y 72.222 vehículos en el horizonte de 2048, según figura en el informe de alegaciones de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana.
La actuación iba a ser financiada por la iniciativa privada (concesión por disponibilidad), que se ocupaba de las obras y su mantenimiento (35.000 euros por kilómetro y año) durante 30 años pero ahora todo se queda congelado, ya que al Ministerio no se salen las cuentas que dejó en el despacho el exministro De la Serna. ¿Perdedores? Los conductores de la provincia y el intenso tráfico estacional que soporta una vía gratuita que conecta una parte importante del eje Mediterráneo.
El actual equipo del Ministerio considera que dejar en manos privadas una inversión de 5.000 millones de euros que luego hay que devolver hipotecaría el futuro.
Según el estudio publicado en el BOE el pasado febrero y que ahora pierde su valor hasta conocer la nueva planificación de carreteras del Ministerio de Fomento, la remodelación de la A-7 se ejecutaba en cuatro fases y tampoco incluyó una obra clave como es la ampliación de la A-70, imposible por los túneles de Sant Joan.
Las fases son el tercer carril entre Crevillent y Orihuela, el tercero entre Orihuela y Fortuna, el arco norte de Murcia (nueva construcción de 17,8 kilómetros) y la construcción del tercer carril entre Alhama y Alcantarilla. El plazo de ejecución era de 4 años y contaba con todos los parabienes de la patronal
El informe de alegaciones que presentó al proyecto la Cámara de Contratistas señala que durante el periodo de construcción de este eje este-oeste de la autovía del Mediterráneo (en el caso del tramo completo Crevillent-Murcia) se generarían 15.174 empleos y durante la posterior explotación y conservación, 2.954 trabajos al año. El tramo Crevillent-Orihuela-Fortuna generaba durante las obras más de seis mil empleos.
El proyecto se financiaba con la aportación del grupo empresarial que lo ejecutara, que se hacía cargo después de su explotación y conservación durante el periodo de concesión de 30 años. El grupo inversor que se quedara con la obra tenía también acceso a fondos europeos, lo que suaviza el importe a pagar por una obra que hoy es clave para mejorar las comunicaciones viarias de Alicante con Murcia y Andalucía.
Sistema flexible
El sistema al que recurrió el Ministerio de Fomento del entonces gobierno del PP es flexible porque permite primar con más fondos, incluso, a la concesionaria en función del nivel de conservación de la carretera o, por ejemplo, si en la misma no se producen accidentes. A estos se añadía el plazo de la concesión, en principio de 30 años pero ampliable, según se pacte, a otros treinta renovables.
Esta obra se sumaba a las dos ya anunciadas del Plan de Carreteras hoy en entredicho. La primera es el eje norte-sur de Murcia, una vía de 32,8 kilómetros, estimada en 279 millones de euros, y la segunda, la construcción de tres nuevos tramos de la autovía A-7 a su paso por Castellón, por 434 millones de euros. El PP lanzó este plan extraordinario con el fin de encontrar financiación privada para invertir en este tipo de infraestructuras, las más dependientes de los Presupuestos.
