Sin mirar más allá de su propio interés, el empresario ilicitano Modesto Crespo ha arrastrado por el fango judicial hasta en tres ocasiones a quienes fueron compañeros en su etapa como presidente de la CAM, el último antes de su desaparición y el único que ha percibido un sueldo por serlo.
A saber. Les dañó en su empecinamiento por cobrar de la caja, lo que llevó a contravenir lo estipulado en los estatutos en cuanto a política retributiva acarreando cinco condenas (además de la suya) por la apropiación indebida de un dinero (600.000 euros) que sólo él se embolsó. Les dejó malparados cuando 72 horas antes del inicio del juicio por estos hechos decidió pactar con la Fiscalía admitiendo el cobro ilegal a cambio de librarse de la cárcel, aunque con eso colocara en una situación más que complicada a colegas de banquillo que defendían que las supuestas dietas obedecían a un trabajo del que el tribunal no ha visto ni rastro. Y les ha dado la puntilla cuando en vez de devolver de inmediato todo lo indebidamente percibido, lo que podría haber abierto la puerta a barajar penas más leves, ha optado por hacerlo en cuatro cómodos plazos a lo largo de los próximos tres años. Un reintegro sin el que no hubiera podido cerrar el acuerdo con el fiscal.
Así las cosas, y gracias a una conformidad que le ha acarreado a los magistrados más de un quebradero de cabeza (Crespo pactó una condena mínima por asumir los hechos pero sin detallar cómo se habían desarrollado, lo que no se entiende cómo lo pudo permitir el fiscal Felipe Briones), quien quería cobrar y cobró ha sido castigado con una pena notablemente inferior (9 meses de cárcel) a la impuesta a quienes facilitaron esa remuneración pero no se llevaron nada, al menos en el bolsillo.
Todos han salido peor parados que él. Desde el exdirector general Roberto López Abad, considerado el artífice junto al expresidente del «plan criminal» por el que se fijaron esos emolumentos y condenado a dos años y medio de cárcel, a los tres miembros de la comisión de retribuciones que validó la propuesta (Antonio Gil-Terrón, Martín Sevilla y Luis Esteban), con año y medio, pasando con la misma pena por José Forner, el secretario del consejo de administración que, sobre el papel, dio el visto bueno definitivo a esos 300.000 euros al año, parte, además, con carácter retroactivo.
Eso era lo que figuraba en un acta considerada falsa por el tribunal, en cuanto a que recogía un acuerdo (el de retribuir a Crespo como presidente de la participada Tinser) que nunca se llevó al consejo. Aspecto sobre el que ha basculado en gran parte del fallo condenatorio sin comprenderse tampoco cómo el papel en este proceso penal del responsable de la legalidad de ese documento, Juan Martínez-Abarca, haya sido sólo el de un mero testigo. Máxime cuando la manipulación del acta será probablemente un punto en el que se apoyen los recursos que se presenten ante el Supremo: el tribunal no puede ir más allá del principio acusatorio y el fiscal sobre esto no dijo ni mu.
A tenor de todo lo oído durante la vista oral concluyen los magistrados que a los consejeros se les engañó ratificando así lo que la mayoría ha venido asegurando desde el inicio del proceso: que el acta estaba manipulada. Es decir, (y esto puede jugar en el Alto Tribunal en contra de los condenados), que al igual que ocurrió con las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, los pagos a Crespo fueron también una práctica clandestina aunque maquillada con una apariencia de legalidad y bajo un control de los órganos que en realidad no existía. Era el director general, que suma con ésta su segunda condena por la gestión de la CAM, quien hacía y deshacía (en connivencia en este caso con el propio Crespo y los demás condenados) mientras el resto miraba hacia otro lado o simplemente no miraba.
Dicho esto, queda por saber quién es el perjudicado de estas prácticas ilegales. Asegura el tribunal, en línea con lo mantenido por la Fiscalía, que el Sabadell. Pero el banco catalán parece no querer nada que le vincule a la antigua caja. Ni siquiera esos 600.000 euros. O al menos eso dice.
