Un total de 4.188 familias están ahora mismo inscritas en el registro de demandantes de una vivienda en régimen de alquiler social en la provincia de Alicante, según datos facilitados por la Conselleria de Vivienda. Los peticionarios son personas con escasos recursos, en desempleo o con trabajo precario, y sin un techo en condiciones bajo el que refugiarse, que recurren a las administraciones para que les den una solución habitacional. Sin embargo, ni la Generalitat ni ayuntamientos como el de Alicante logran responder a estas familias por medio de una vivienda por la que puedan pagar un alquiler en función de sus escasos ingresos.
Es tal la situación que hay personas que llevan 15 años esperando una vivienda social aunque la media para las familias más vulnerables es de unos dos años. Ahora mismo, la administración autonómica no tiene pisos disponibles en la provincia, de ahí que la Generalitat haya puesto en marcha un plan de adquisición de vivienda para dos años, en el que en 2018 prevén invertir 11,2 millones en la compra de unos cien pisos en municipios en los que existe escasa o nula oferta de alquiler asequible. Para el año 2019 la inversión se incrementará hasta 40 millones de euros para ampliar el parque público de viviendas destinado a alquiler social.
«El objetivo es garantizar una vivienda digna, a un precio entre 150 euros y 300 euros al mes, no solo a personas en situación de vulnerabilidad sino también a todos aquellos colectivos de jóvenes o personas que no pueden acceder a un hogar en el mercado de renta libre», señalan desde la Conselleria de Vivienda.
Porque el problema, lejos de ir a menos, no deja de crecer. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Alquileres Obra Social está parando una media de tres desalojos a la semana de familias que ocupan casas al no tener acceso a viviendas sociales. Como una familia con tres menores que lleva 12 años inscrita esperando un alquiler social y que fue desahuciada este verano, o como las trece familias también con menores que ocuparon todo un edificio, también desalojadas, que llevan tres años en lista de espera.
«En Alicante hay una emergencia habitacional y nadie está haciendo nada. No hay voluntad política, nadie se implica. Estas familias son invisibles para los gobernantes, les molesta verles la cara», afirma Celeste Doello, que dirige la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Alquileres Obra Social junto a Antonio Pérez.
La entidad, que acaba de reunirse con la concejala de Acción Social, solicitará intervenir en el próximo pleno del Ayuntamiento de Alicante para reivindicar actuaciones, entre ellas la reactivación de la mesa antidesahucios. También han pedido amparo a los diversos grupos municipales.
«Queremos dar visibilidad a las viviendas de bancos que siguen cerradas para que el Ayuntamiento las gestione a través del Patronato Municipal de la Vivienda, porque ahora mismo no hay parque público. Cada vez nos llegan más casos de familias que tienen avisos de desalojo y que están a la espera de una vivienda social de alquiler. Hemos recurrido ante el juzgado a través de un abogado de oficio para poder paralizar una situación desbordante», asegura Celeste Doello.
Desde la Conselleria de Vivienda confían en que un convenio con tres entidades bancarias dará un respiro a la interminable lista de espera, pese a lo cual destacan que en la provincia de Alicante han resuelto en los tres últimos años unas 700 peticiones de familias en situación de vulnerabilidad.
Lista de espera
De las 4.000 familias esperando vivienda social que tiene inscritas la Generalitat, más de mil viven en la capital alicantina. La falta de pisos para alquiler social no es exclusiva de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha), sino que también afecta al Patronato Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento, que tiene ocupadas las 750 viviendas sociales con que cuenta y otras tantas de particulares que gestiona dentro del programa de alquiler asequible.
La lista de espera ahora mismo es de unas 80 familias. La última vez que se abrió fue hace un año y medio, con 200 solicitudes. Se espera poder abrir de nuevo la bolsa en unos cuatro meses, aunque los casos de urgencia se atienden a través de viviendas semituteladas y las de integración. Dado que no hay parque disponible, el Ayuntamiento ha abierto un concurso para la compra de vivienda nueva o usada por 2,1 millones de euros para adquirir entre 23 y 32 nuevas viviendas que poder ofrecer.
Por su parte, la Conselleria de Vivienda ha programado cuatro planes de regeneración urbana en la provincia de Alicante para realizar obras de mejora de edificios y reurbanización de espacios comunes de los grupos de vivienda pública. Afectan a Los Palmerales, en Elche, donde se acaban de adjudicar obras por 2,1 millones de euros; y en breve se licitarán las obras del barrio Virgen del Carmen en Alicante por 3,7 millones de euros, y en Plaza Les Xiques-Barbacana de Alcoi por 430.000 euros.
Está pendiente la regeneración del grupo Miguel Hernández de Alicante, con 2,8 de inversión en la rehabilitación integral de los bloques 5 y 6 de la plaza División Azul. Asimismo, la Conselleria tiene previsto destinar 1,4 millones de euros a la reparación y mejora de elementos comunes en grupos de vivienda pública de Santa Pola, Almoradí y Monóvar.
