El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ratificó ayer en sede parlamentaria, durante la sesión de las Cortes Valencianas, que el Consell tiene decidido plantear un recurso contra el Gobierno, por la vía de lo contencioso-administrativo, si el Ministerio para la Transición Ecológica no da marcha atrás, y solo aprueba un trasvase del Tajo de 7,5 hm³ para consumo urbano este noviembre, y no los 20 hm³ que permite la reserva de agua en los embales de Entrepeñas y Buendía. Puig aseguró que la Generalitat lo tiene claro, pero matizó que en estos momentos no se puede recurrir porque la recomendación de la comisión de explotación no es vinculante y la aprobación final depende de la ministra Teresa Ribera. Si ésta no cede, habrá recurso, respondió Puig a las preguntas de la presidenta regional del PP, Isabel Bonig. «Recurriremos el recorte del trasvase del Tajo en cuanto la aprobación sea oficial», afirmó de manera contundente el presidente de la Generalitat.
Por su parte, Compromís ha pedido la comparecencia en el Congreso de la ministra Teresa Ribera, para que explique el «porqué del recorte de agua trasvasada del Tajo al Segura». El diputado Ignasi Candela criticó ayer en un comunicado que solo se hayan aprobado 7,5 hm3 del Tajo hacia la cuenca del Segura, «12,5 hm3 menos de los reconocidos por la normativa», por lo que exigió al Gobierno la transferencia de los 20 hm3 previstos.
Estrategia
El Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo-Segura remitió ayer, por su parte, un escrito a la ministra para la Transición Ecológica en el que se demuestra que el Canal de Cartagena del postrasvase Tajo-Segura está funcionando con normalidad, con un caudal de un metro cúbico por segundo (mil litros), certificado por la propia Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Una realidad que desmonta, según los agricultores, la estrategia del Gobierno para cerrar, en principio durante dos meses, el trasvase de agua para la agricultura de Alicante y Murcia, y constata que «se mintió al redactar el informe de la comisión de explotación del trasvase durante su reunión del pasado martes», subrayó ayer José Andújar, vicepresidente del Sindicato de Regantes.
El Sindicato está dispuesto a ir a los tribunales y convocar junto a empresarios y sindicatos movilizaciones a partir de la próxima semana cuando está prevista una reunión del Círculo del Agua, asociación a la que pertenecen todos los colectivos relacionados con el trasvase. Además, el sindicato volvió a denunciar ayer que el ministerio ha incumplido la ley que regula el trasvase, debido a que la comisión se reunió el martes 20, cuando la jornada debía haberse celebrado en los primeros días del mes. Un encuentro que también ha afectado a los cálculos para fijar la cantidad a trasvasar. El día 1 la reserva era de 583 hm³ a los que hubo que restar los 17 hm³ correspondientes a octubre que seguían sin llegar.
Surrealismo
Por tanto, los técnicos tomaron como referencia para fijar el trasvase de noviembre un caudal de 566 hm³, lo que permite un trasvase de hasta 20 hm³. Sin embargo, en su escrito, los agricultores alertan de que el martes 20, cuando se tomó la decisión, en Entrepeñas y Buendía había 589 hm³ por lo que tienen derecho a 38 hm³.
Al final, sobre la mesa solo hay 7,5 hm³ para consumo humano, debido a que el ministerio se escuda en la avería de un canal que ni tiene fisuras importantes ni afecta al 80% de los regantes de las comunidades que reciben agua del Tajo. Y para aportar más surrealismo al conflicto, el martes, el mismo día en el que la comisión acordó cerrar el trasvase para la agricultura, la ministra Teresa Ribera se reunió con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en Puertollano. Horas después llegó el recorte.
Los regantes confían en que la presión del Consell y el hecho de que la avería no afecta a Elche y la Vega Baja hagan recapacitar a la ministra Ribera, se anule la reunión del martes y se convoque una nueva en la que se revierta la situación. De hecho, la propia ministra ya lo ha hecho hasta dos veces este mandato. El informe de los técnicos no es vinculante pero nunca se ha dado el caso de que el ministro contradiga lo que le pasan negro sobre blanco sus técnicos.
Ayer, la CHS anunció que los daños en el postrasvase alcanzan los 3,7 milones de euros y debe limpiar de barro setenta kilómetros de canalizaciones.
