Guerra de contratos en el Ayuntamiento de Alicante. El PP y Compromís se echan a la cara pagos irregulares de facturas, a la socia de Jorge Crespo, exasesor del alcalde Luis Barcala los primeros, y a Escola Valenciana, entidad a la que está ligada la pareja de la edil de Compromís María José Espuch, los segundos. El equipo de gobierno considera que Compromís pone «cortinas de humo» por la gestión de la Plaça del Llibre pidiéndoles explicaciones mientras la formación que lidera Natxo Bellido exige una comisión de investigación de las facturas abonadas por los populares.

Los demás grupos maniobran. Guanyar exige a PP y Compromís que asuman responsabilidades por adjudicaciones sospechosas mientras Ciudadanos quiere explicaciones sobre la sombra del fraccionamiento de contratos que considera persigue al actual mandato. El PSOE insiste en pedir explicaciones a Barcala y afirma que recurrirán al Síndic si esta semana no reciben los expedientes de los seis contratos de consultoría firmados el 17 de julio con la socia de Jorge Crespo así como los informes que en teoría elaboró Miguel Ángel Redondo, el otro asesor del PP que tuvo que dimitir por trabajar para la tránsfuga Belmonte que dio a Barcala la Alcaldía.

El PP contraatacó ayer anunciando, por medio de su portavoz adjunto, Israel Cortés, que facilitarán todos los contratos al considerar que «no hay nada que ocultar», y que no han cometido ilegalidad alguna, «ni falta de ética ni estética». En este sentido, dijo que no sólo entregarán a la oposición los seis contratos relacionados con servicios de coordinación y salud de obras de eficiencia energética por 9.667 euros suscritos con la socia del exasesor, también otras 25 facturas de la etapa del tripartito sólo en el área de Infraestructuras y otras tantas desde Urbanismo y Comercio, entonces con Miguel Ángel Pavón (Guanyar) y Gabriel Echávarri (PSOE) al frente.

Con ello, Cortés quiso subrayar que esta empresaria, a la que contrataron como autónoma, trabaja «desde hace años y de forma habitual con el Ayuntamiento, por una cuestión estrictamente profesional», afirmó Cortés, quien aseguró que se presentó ante el Ayuntamiento «al margen» de la sociedad en la que sí participaba con Jorge Crespo. Este cargo de confianza dimitió el 26 de julio al descubrirse que la empresa en la que tenía un 25% de participación optaba a un contrato mayor de 40.000 euros relacionado con los espacios ajardinados de las escuelas infantiles: el límite legal para no incurrir en incompatibilidad en el caso de los asesores está fijado en el 10%.

Los populares consideran que existe una diferencia abismal entre el pago de facturas a una empresaria del entorno de un exasesor y el proceder de Compromís, al que acusan de poner «cortinas de humo» para tapar la trama de Escola Valenciana. Cortés y la portavoz del PP, Mari Carmen de España, incidieron en que el portavoz de la formación, Natxo Bellido, firmó facturas por casi 25.000 euros con la entidad que administra su número tres y que la concejala María José Espuch le firmó una factura de 1.500 euros a este cargo de Compromís «siendo encima su pareja sentimental». «Seguimos esperando dimisiones».

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, habla de incompatibilidad y oscurantismo, y le choca la «casualidad» de que se adjudiquen seis contratos a la socia del exasesor prácticamente el mismo día y dos más al propio Crespo antes de dimitir, uno con fecha 2 de julio y el otro el 20, a una empresa de la que participaba que no es la misma a la que se adjudicó el mantenimiento de los jardines de las escuelas infantiles. Por ello ha presentado una moción al Pleno para que se cree una comisión de investigación.

Sobre la participación de la pareja de la edil de Compromís María José Espuch, trabajador de Escola Valenciana, en la dos ediciones de la Plaça del Llibre, Bellido le restó importancia afirmando que es un auxiliar administrativo, no miembro de la fundación, y que las nóminas de sus trabajadores las paga Escola, no el Ayuntamiento, por lo que no ven problema «ni ético, ni estético, ni mucho menos legal».

Guanyar echa la culpa a los dos grupos políticos. Piensan que los contratos menores que el PP ha adjudicado a la socia de Crespo adolecen de la misma falta de ética y estética que el PP recrimina a Compromís por la Plaça del Llibre. «Es sospechoso que se adjudiquen a la misma empresa de la socia de Crespo varios contratos que tienen que ver con la seguridad y salud de varias obras de renovación del alumbrado», señala su portavoz, Miguel Ángel Pavón. Guanyar piensa que el PP debe asumir algún tipo de responsabilidad política por estos contratos al igual que debe hacerlo Compromís por la Placa del Llibre, «un asunto que el PP utiliza de forma irresponsable y electoralista al tratar de equiparar la promoción del valenciano con el independentismo catalán».

Yaneth Giraldo, de Ciudadanos, quiere que el PP explique por qué no agrupó en uno solo los seis contratos que hizo al tener el mismo fin y habla de opacidad en la contratación tanto por parte del tripartito como ahora por los populares. Sobre la comisión de investigación que pide Compromís, Giraldo recuerda que ya existe una de vigilancia de la contratación y aconseja a Bellido que se aplique la misma diligencia que exige al PP con el caso Escola Valenciana.