Cada agente de Policía Nacional de las Unidades de Familia y Mujer (UFAM) ha de proteger hasta a 120 víctimas de violencia machista, según los datos de que dispone el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

En la documentación del SUP consta que las mujeres víctimas de la ciudad de Alicante son las que mayores carencias sufrenmujeres víctimas de la ciudad de Alicante al respecto, con un agente cada 120 víctimas, una ratio que en València y Castellón se reduce a un agente para cada 65 y 50 mujeres, respectivamente.

En la Comisaría Provincial de Alicante son cuatro los agentes (más un jefe de grupo) que tienen encomendada la labor de protección de 600 mujeres víctimas, en la de Valencia son 12 (dos de baja) para un total de 800 víctimas y en Castellón tres (uno de baja) para 160 víctimas. En Dénia hay dos agentes para 75 víctimas, en Alcoy tres para 91, en Benidorm tres para 150, en Orihuela dos para 110, en Alzira dos para 120, en Burjassot dos para 90, en Gandia dos para 90, en Xàtiva dos para 61, en Paterna dos para 150, en Sagunto dos para 105, en Torrent dos para 100 y en Xirivella-Aldaia-Alaquàs, dos para 106.

Por este motivo el SUP, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la sección sindical de Policía Local de CC OO han organizado una jornada conjunta en València que tiene como fin promover un debate sobre la atención a las víctimas.

«Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local somos uno de los principales pilares sobre los cuales se apoya la lucha contra la violencia de género pero rara vez expresamos nuestra opinión al respecto en los medios; y tampoco es muy frecuente que las víctimas se pronuncien públicamente sobre su experiencia con las FFCCS o la Administración de Justicia», señalan.

Por ello SUP, AUGC y CC OO pretenden analizar el estado actual de la atención a la víctima de violencia machista en el entorno policial y judicial, pues a su juicio «es un tema en el que hay que ponerse serio».

«Las grandes lacras como la proliferación de la heroína o ETA han exigido grandes inversiones que no se están dando en las unidades de familia y mujer. Son grupos muy reducidos de agentes, con un volumen de trabajo impresionante», explica el secretario de Organización del SUP en València, Miguel Ángel García.

«Cuando una persona va a denunciar a una comisaría se ha de armar de valor, ha de superar una dependencia emocional y muchas veces económica, y por eso ha de estar atendida por personal formado y sensibilizado, en un entorno tranquilo, en condiciones idóneas de tranquilidad y luz. Al final nos encontramos siempre con comisarías abarrotadas donde se ha de esperar dos o tres horas», lamenta.

«Después tenemos el deber de la protección, que actualmente es una mentira. Esa labor que tienen asignadas los policías al final se convierte en un trabajo meramente administrativo», según este responsable. Y es que «sentado frente a un ordenador, el agente llama a las víctimas y hace una valoración de riesgo, de modo que, salvo en casos muy puntuales, no hay una protección real, no se la puede acompañar al médico o a una entrevista de trabajo», afirma.