El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez (PP), abogó ayer por la colaboración publico-privada en materia de gestión de agua, «permitiendo a los regantes y agricultores participar en la toma de decisiones», y acusó al Gobierno de «abandonar a su suerte» a esta provincia. «Necesitamos más agua de la que tenemos y, por eso, es esencial la colaboración público-privada, trabajar permanentemente con los regantes, darles participación en la gestión de los recursos hídricos y que, de alguna manera, las administraciones estemos para apoyar», subrayó en alusión a los planes del Gobierno de recortar los trasvases en la futura Ley de Cambio Climático. El presidente de la Diputación defendió, en este sentido, el Memorándum del Tajo-Segura y la sostenibilidad del Júcar-Vinalopó para garantizar el agua de los ríos a la provincia de Alicante, «siempre con la ayuda del agua desalada, que nunca puede ser una solución, sino un complemento». Sánchez reclamó un Pacto Nacional del Agua «en el que nadie pierda para que los recursos de este país sean de todos y no haya ganadores ni perdedores».

Por su parte, la portavoz del Gobierno de Murcia, Noelia Arroyo, defendió que el trasvase Tajo-Segura es «imprescindible» para todo el Levante español y aseguró que no le «sorprende» que la finalidad de la Ley de Transición Hidrológica en la que trabaja el Ejecutivo de Pedro Sánchez sea «acabar» con este acueducto.

Y es que el presidente del Gobierno de España «ya lo dejó entrever hace unos meses en un acto electoral en Albacete», cuando afirmó que «quería poner fin al trasvase Tajo-Segura», tal y como recordó la portavoz del Ejecutivo regional. El Gobierno prepara una Ley de Transición Hidrológica que marcará las claves para poder trabajar en un escenario de reducción de disponibilidad hídrica de entorno al 20% o 30%. A este respecto, Arroyo recordó que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, tiene programada una reunión el próximo 28 de noviembre con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que trasladará que la infraestructura del trasvase Tajo-Segura es «imprescindible», cuestión que también sostiene el presidente Ximo Puig.