Si no era suficiente con la naturaleza, ahora, veto a los trasvases de agua con una ley que impulsa una ministra, la socialista Teresa Ribera, que todavía no ha visitado la provincia no se ha reunido todavía con un solo agricultor ni en Alicante, ni en Murcia, ni en el resto de España. «La Desaparecida», como esta semana ha bautizado a la titular del Ministerio para la Transición Ecológica, el presidente de los regantes de la Comunidad Valenciana, José Andújar, de la Vega Baja, comarca en la que algo saben de administrar bien el agua.
La historia de la agricultura en España, de la potente industria agroalimentaria, del turismo, y del propio desarrollo económico y social de muchas provincias como Alicante o, no olvidemos, Bilbao o Santander que reciben agua del Ebro para no sufrir recortes en el abastecimiento, sería imposible de explicar y entender sin los trasvases de agua entre las diferentes cuencas. Esas transferencias de recursos hídricos que, según la ministra y muchos expertos, tienen fecha de caducidad debido al cambio climático que amenaza con reducir las lluvias y, por tanto, esquilmar los caudales que discurren por los ríos para acabar en el mar, o en algún embalse para después crear riqueza con su reparto.
Hasta aquí pocos peros se podrían poner a la cruzada que ha iniciado el Ministerio para concienciar a agricultores y población en general que el agua va a ser cada día un bien más escaso y es necesario administrar gota a gota como si fuera la última del mundo. Algo que, no olvidemos, es lo que viene haciendo la provincia de Alicante prácticamente desde hace 600 años cuando un grupo de agricultores de Elche y Villena reclamaron solidaridad y agua a Valencia.
Sin embargo, esta realidad ha servido para alimentar esa obsesión que tienen y han tenido siempre los gestores del agua en Madrid de que los únicos trasvases amenazados por el cambio climático son los que facilitan el desarrollo en la provincia de Alicante, es decir el Tajo-Segura y el Júcar-Vinalopó, si es que a esta conducción que costó más de 400 millones de euros se le puede denominar trasvase, pues ha estado cerrado un 90% del tiempo desde que se terminaron las obras.
La ministra Teresa Ribera y su secretario de Estado, Hugo Morán, últimos arietes de la Administración contra los trasvases, han decidido apuntar tan sólo en una dirección, la que lleva a acabar con los envíos de agua a Alicante y Murcia. ¿El cambio climático es algo autóctono de la provincia de Alicante? ¿Solo afecta a los cultivos y a la industria provincial? Preguntas que a alguno, incluso, podrían sonar a demagógicas, pero que no esconden otra realidad que la doble vara de medir que hay en Madrid cuando se trata de tomar decisiones que afectan a la provincia. ¿Acaso no hay problemas con el cambio climático en Aragón, desde donde el Ebro envía agua al País Vasco, Cantabria y Tarragona? O en Cataluña, donde hay un trasvase del río Llobregat a Barcelona, o, por citar alguno más, en Andalucía, donde el río Negratín trasvasa caudales al Almanzora. ¿Por qué el cambio climático es algo que sólo afecta a Alicante? ¿Por qué en Castilla-La Mancha se ha permitido crear 100.000 hectáreas de regadío en dos décadas a costa de secar un acuífero estratégico para que el río Júcar tenga agua?
Preguntas que se hacen desde Alicante y que como respuesta tan solo obtienen, en la mayoría de los casos, la demagogia fácil y hasta el insulto cuando se tilda a los alicantinos de despilfarradores de un bien de cuyo uso responsable somos ejemplo. El Gobierno debe dejarse de las medias verdades y, si realmente está preocupado por el cambio climático y no por los votos de Castilla-La Mancha o sus acuerdos con Cataluña, apostar por una política integral de redistribución de los recursos y no solo buscar soluciones mirando al Mediterráneo, donde, por dar algún dato, se genera el 50% del PIB español y viven casi la mitad de los españoles, sin citar a los millones de turistas que pasan sus vacaciones, muchos llegados de esas regiones donde se llenan la boca de acusaciones como que el agua solo se utiliza en Alicante para construir pisos.
El Tajo-Segura es un ejemplo de buen uso del agua y solidaridad territorial, y así debe seguir siendo, porque agua en España hay, para regar los campos, construir urbanizaciones, abastecer a los turistas y alimentar las albuferas. Lo que hace falta es voluntad política para administrarla bien y menos sectarismo y leyes que vayan contra el reparto del agua.
