El período de exposición pública del proyecto de construcción de macrodepósitos (seis en una primera fase y doce en la segunda) en el Puerto de Alicante terminó con la presentación finalmente de 1.038 alegaciones, la mayoría registradas por vecinos (que anunciaron, sin embargo, más de 1.300 alegaciones entre residentes y asociaciones), además de las firmadas por todos los grupos municipales (el gobierno del PP, junto a PSOE, Guanyar, Cs y Compromís). El Ayuntamiento, en bloque, se opone a la implantación de una macroplanta, dividida en dos fases, que prevé mover un millón de toneladas de gasolina y gasóleo.
La Autoridad Portuaria anunció ayer, a través de un comunicado, que «dentro del plazo establecido para las alegaciones, que finalizó el lunes, se han presentado 1.038». Según la institución presidida por Juan Antonio Gisbert, el proyecto se ha sometido a información pública «cumpliendo estrictamente con la legislación vigente», en alusión a «lo que establece el artículo 85 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por RDL 2/2011, de 5 de septiembre».
En su comunicado, la Autoridad Portuaria señaló que, a partir de ahora, se abre «un período para el estudio técnico y jurídico de todas y cada una de las alegaciones». Finalizado dicho estudio, el director de la institución, Carlos Eleno, «elevará al presidente [Juan Antonio Gisbert] un informe-propuesta, que finalmente deberá ser sometido a la consideración del Consejo de Administración», compuesto por cuatro vocales en representación de la Administración General del Estado, cuatro en representación de la Generalitat [entre ellos, el concejal Natxo Bellido, de Compromís] y dos en representación del Ayuntamiento de Alicante (el alcalde, Luis Barcala, y el concejal popular Carlos Castillo), entre otros miembros.
Tal y como publicó este diario cuando estalló la polémica en torno al intento de implantación de los macrodepósitos (que en dos fases llegarían hasta los 18 tanques), la tramitación del proyecto reúne todos los condicionantes para que el asunto se prolongue en el tiempo y no pueda decidirse (aprobación o negación) en lo que queda de legislatura, es decir, antes de finales de mayo del próximo año.
Fuentes de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Alicante explicaron hace unas tres semanas, cuando se destapó las intenciones de la empresa de ampliar la macroplanta con una segunda fase, que tras finalizar el plazo de presentación de alegaciones, el proceso entraría en un camino que no tiene fechas fijas (que acaba de empezar ahora), y cuyo recorrido aparece directamente vinculado a la cantidad de alegaciones que se presenten y haya que estudiar, responder o desestimar.
