La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública prepara recursos contra la sentencia del TSJ que anula la orden de Educación que rebaja a 23 la ratio o número máximo de alumnos por aula en Educación Infantil en algunas localidades, en lugar de los 25 para el resto.
Los jueces lo consideran una competencia estatal y en su fallo anulan la orden referida para el curso 2017-18 en la que se especificaba que se mantenía la medida hasta que los alumnos llegaran a sexto curso de Primaria.
La entidad formada por los padres de FAMPA-València y los sindicatos de enseñanza STEPV, CC OO, FeSP UGT y Escola Valenciana, va a coordinar a las entidades conjuntamente a través de sus servicios jurídicos "para recurrir esta sentencia".
También estudian acciones legales contra la "indefensión que pueda generar a los centros que se puedan ver afectados" por el retorno, también, del concierto de aulas de Bachillerato y FP, por las sentencias judiciales que lo ordenan a su vez.
Representantes de la plataforma se han reunido con el conseller de Educación, Vicent Marzà, y critican que al anular la reducción de ratios "no se piensa en la calidad educativa y la atención al alumnado, y sí en hacer de la educación un negocio".
Han trasladado al conseller que la anulación perjudica al alumnado de la escuela pública, "porque cuantos menos alumnos por aula, más atención, así que no es bien recibida", subraya el portavoz de la plataforma y presidente de la FAMPA-València, Màrius Fullana.
Por último defienden que se derogue la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) "ya que invalida la autonomía legal de la Conselleria de Educación y comporta interpretaciones judiciales y sentencias que favorecen a la concertada, perjudicando a la pública".
