El real decreto ley sobre medidas urgentes en materia de carreteras aprobado el pasado jueves por el Consejo de Ministros da cobertura de rango legal al eventual cobro de peajes por parte la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), que ha asumido la explotación de nueve autopistas de peaje en quiebra y que han sido asumidas por el Estado.
Y, pese a que el texto del decreto indica que su aplicación es para las autopistas de peaje «que han revertido o que reviertan al Estado», en ningún caso servirá para los usuarios de la AP-7 desde Tarragona hasta Alicante tengan que seguir pagando un peaje para circular por ella una vez la actual concesionaria se la entregue al Ministerio de Fomento el 31 de diciembre de 2019.
Así lo han asegurado a este periódico representantes del ministerio que dirige el valenciano José Luis Ábalos. Las mismas fuentes reiteraron ayer que con la AP-7 «pasará lo mismo» que con la AP-1 Burgos-Armiñón, cuya gratuidad confirmó el propio ministro el pasado jueves en la misma rueda de prensa en la que explicaba el real decreto ley. Es decir, fin de concesión y reversión a la red pública. «Pero no la gestionará Seittsa, que se ocupa de las radiales», subrayaron. «Con la AP-7 habrá fin de concesión en 2019 y gratuidad», insistieron las fuentes.
Aunque en los últimos meses el Ministerio de Fomento siempre ha apuntado a su pretensión de que la AP-7 sea gratuita una vez acabe la concesión a Abertis (concedida en el franquismo y que ha sido prorrogada por tres gobiernos democráticos), no ha sido hasta estos últimos días, coincidiendo con la redacción del Real Decreto-ley, cuando se ha decidido definitivamente eliminar los peajes de esta autopista a partir de 2020.
Y no ha sido una decisión sencilla, ya que desde el propio Ministerio de Fomento no eran pocos los que apostaban por mantener un peaje, aunque con tarifas menores que las que impone Abertis, para poder cubrir el gasto de mantenimiento que le supondrá al Estado asumir directamente esta y otras infraestructuras similares como la AP-4 Sevilla-Cádiz, cuya concesión también concluye el 31 de diciembre de 2019.
Eso sí, en aquella rueda de prensa y tras confirmar la gratuidad de la AP-1, el propio ministro Ábalos invitaba a «reflexionar» sobre el coste que le supone al Estado el mantenimiento de autovías y autopistas (11.000 millones de euros anuales) e instaba a buscar una fórmula, «sea la que sea» para asegurar el buen estado de conservación de la red pública de carreteras.
Dudas
Para muchos, estas palabras de Ábalos abren la puerta a la instauración de un posible pago por el uso de las autovías, hasta ahora gratuitas. Y lo hacía una semana después de que la patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan propusiera la extensión de peajes a toda la red viaria de gran capacidad (autovías y autopistas) con concesiones a 25 años, lo que aportaría al Estado entre 60.000 y 110.000 millones de euros, dependiendo de las tarifas aplicadas.
Por su parte, hace unos meses la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana -partidaria de un «peaje blando» para mantener la autopista cuando esta vuelva a manos del Estado- señalaba que la actual concesionaria, Abertis, invierte 15,6 millones de euros anuales en la AP-7, una «cifra mínima», ya que si se refuerzan los firmes la inversión puede llegar hasta los 60 millones de euros. Fomento dedica actualmente 35,7 millones a los 1.577 kilómetros de vías estatales de la Comunitat Valenciana, aunque los contratistas calculan que deberían ser 66,85 millones.
Otro coste que tendrá que asumir el Ministerio de Fomento cuando se produzca la reversión es el de acometer las infraestructuras y las conexiones necesarias para mejorar la permeabilidad entre la AP-7, la N-332 y la N-340 en Gandia Sur, Xàbia y la CV-374, en las poblaciones de Calp, Altea, Villareal y Benicàssim.
