El Puerto reduce a 1.038 las alegaciones contra la macroplanta de combustible

La Autoridad Portuaria ha anunciado hoy, a través de una nota de prensa, que "dentro del plazo establecido para la presentación de alegaciones, que finalizó ayer, se han presentado un total de 1038". Según la institución presidida por Juan Antonio Gisbert, el proyecto se ha sometido a información pública "cumpliendo estrictamente con la legislación vigente", en alusión a "lo que establece el artículo 85 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por RDL 2/2011, de 5 de septiembre".

En su comunicado, la Autoridad Portuaria ha anunciado que, a partir de hoy, se abre "un período para el estudio técnico y jurídico de todas y cada una de las alegaciones". Finalizado dicho estudio, el director de la institución, Carlos Eleno, "elevará al presidente Gisbert un informe propuesta, que finalmente deberá ser sometido a la consideración del Consejo de Administración, compuesto por cuatro vocales en representación de la Administración General del Estado, cuatro en representación de la Generalitat Valenciana [entre ellos, el concejal Natxo Bellido, de Compromís], dos en representación del Ayuntamiento de Alicante (el alcalde, Luis Barcala, y el edil popular Carlos Castillo), uno en representación de la Cámara de Industria, Comercio y Navegación, uno en representación de las organizaciones empresariales, uno en representación de los sectores económicos relevantes en el ámbito portuario y uno en representación de las organizaciones sindicales.

En el último día del plazo, el Gobierno municipal encabezado por Luis Barcala (PP) registró las alegaciones al proyecto, al igual que hicieron el PSOE, Guanyar y Ciudadanos, que se sumaron a las ya registradas días antes por Compromís y Podemos. El documento coincide con los grupos de la oposición en los argumentos sobre los que sostiene sus alegaciones al proyecto de construcción de macrodepósitos de combustible en el Puerto de Alicante.

Según explicó ayer el alcalde de Alicante, en las alegaciones del gobierno del PP se hace constar, en primer lugar, que la actuación prevista "choca frontalmente con el histórico espíritu de lealtad institucional y de colaboración entre el Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria para favorecer la integración puerto-ciudad", ya que los usos y aprovechamientos previstos para los depósitos de carburantes son "manifiestamente incompatibles con el modelo de ciudad y el marco de progreso que queremos para Alicante". A este respecto, Barcala incidió en que "el Puerto no puede dar la espalda al sentir de toda una ciudad que, de forma unánime, ha manifestado su más absoluto rechazo al proyecto". Las alegaciones del PP recuerdan, al igual que las del resto de grupos, el convenio suscrito en 1995 para el traslado de los depósitos de CLH a la partida de Bacarot. "Esta actuación hace saltar por los aires el consenso histórico para la erradicación de este tipo de instalaciones en el Puerto de Alicante y que fue un hito histórico para la ciudad», apuntó ayer el alcalde, quien sostiene que la iniciativa «no reúne los requisitos legales para que pueda realizarse la evaluación ambiental en su conjunto", en alusión a la decisión de la empresa promotora de dividir el proyecto en dos fases para agilizar la tramitación de las licencias.

El Ayuntamiento, además, subraya en sus alegaciones que en el trámite ambiental no se han trasladado las medidas de protección que se establecen para los supuestos de accidentes, por lo que "la inexistencia de esa documentación supone la nulidad del trámite de consultas, dado que son un requisito previo para el inicio de la tramitación como se desprende de la normativa aplicable".

En la misma línea se mostró ayer el PSOE en sus alegaciones, en las que incide en las dos fases en la que se ha dividido el proyecto, en la "ausencia de informes preceptivos" y en el "incumplimiento del acuerdo del año 1995", por lo que reclama a la Autoridad Portuaria que "no permita la modificación de la concesión, ya que la misma esta viciada de nulidad radical".

Por su parte, Guanyar reclama al Puerto que se "reafirme y se reitere en el compromiso expresado» en el convenio firmado por las partes hace más de dos décadas, al igual que subraya la «ausencia de documentos clave para valorar la pertinencia de la modificación" y considera "inadmisible" el "fraccionamiento" del proyecto por considerarse un "fraude de ley". Similares a los argumentos de Guanyar son los que presentó ayer Ecologistas en Acción, que destacan, entre otras cuestiones, que la iniciativa privada "no demuestra su solvencia técnica ni económica".

Desde Cs, por último, apuntan también a la falta de informes, como el estudio de impacto ambiental o el informe de seguridad, entre otros argumentos para reclamar, como aprobó el pleno por unanimidad, que el Puerto no dé luz a un proyectos. Los técnicos del Puerto deben resolver ahora las alegaciones. La última palabra será del Consejo de Administración.