El Ministerio para la Transición Ecológica sigue tensando la cuerda con los regantes alicantinos y doce días después de arrancar noviembre no ha aprobado todavía el trasvase de agua del Tajo para la provincia, pese a que en los embalses de Entrepeñas y Buendía hay almacenados en estos momentos 586 hm³ de agua, lo que deja un colchón de 186 hm³ de agua para poder trasvasar a la provincia de Alicante por encima de la línea roja de los 400 hm3. Según las reglas de explotación del acueducto, la reserva está en nivel 3, por lo cual el Ministerio puede enviar este mes hasta 20 hm³ previo informe justificado de los técnicos. Mientras, los regantes siguen recibiendo caudal a cuenta gotas del envío aprobado el pasado octubre. Lo más grave, sin embargo, se produce en las comarcas del Vinalopó y, en concreto, afecta a la Junta Central de Usuarios, que ve como un año después de presentar el convenio de explotación y tres de negociaciones, todo ha saltado por los aires, ya que el Gobierno se ha plantado y se niega a firmar si antes los regantes no se comprometen a abonar 75 millones de euros, pactados en 2007 como pago del proyecto. Un acuerdo que se fue al traste meses después cuando el Ejecutivo expulsó a regantes y usuarios del trasvase convirtiendo en usuaria única del agua a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que, por lo tanto, debiera ser ahora la que afrontara el pago de esa cantidad. Si no hay pago no hay convenio y el trasvase seguirá cerrado.
Esa es la piedra angular del problema con el Ministerio de Hacienda que se ha cerrado en banda. Aguas del Júcar firmó en el 2007 un préstamo que debían pagar los regantes vía tarifa y que con los intereses alcanza hoy un total de 75 millones de euros. Llegaría después, sin embargo, el cambio de toma del agua y la ruptura del proyecto que provocó que el Ministerio se quedara solo, endosando a la Confederación Hidrográfica del Júcar la condición de usuario único de los caudales del Júcar-Vinalopó. Eran los tiempos de la guerra total que derivó, incluso, en situaciones tan surrealistas como que la sociedad estatal intentara, incluso, buscar socios en Jumilla y Yecla, cuyos regantes son ajenos a los acuerdos. Once años después, nadie ha sido capaz de solucionar el problema.
El Consell medió en agosto aportando 800.000 euros (subvención) para que los agricultores pudieran pagar el riego de socorro de 6,5 hm³ que exigía Acuamed. Un caudal del que quedan por llegar 0,5 hm³ y cuya recepción concluirá el 15 de diciembre. A partir de entonces no habrá agua para regar, aunque «en otoño e invierno las necesidades son menores», subrayaron ayer desde la Junta Central. Sin embargo, la falta de agua de calidad y la sobreexplotación de los acuíferos provoca que poblaciones como Elda, Salinas o Monóvar beban agua que se encuentra a 600 metros de profundidad, o que el agua que se capta en Villena para enviar a Alicante tenga un contenido en sal cercano a los 2.000 microsiemens, cantidad límite para la Organización Mundial de la Salud. Caudal que se mezcla después con el desalado del mar.
El Tajo y su caudal ecológico
Por otro lado, el compromiso adquirido por el Ministerio para la Transición Ecológica con el gobierno de Castilla-La Mancha para elevar el caudal ecológico del Tajo ha vuelto a encender los ánimos entre los agricultores del trasvase. La semana pasada el Ejecutivo central se comprometió a estudiar la elevación del desembalse de la cabecera del río Tajo para uso ecológico de 365 hm3 que están estipulados hoy a los 800 hm3 que reclama el Gobierno de Castilla-La Mancha, que como mínimo habría que conseguir para mejorar la calidad ecológica del caudal. Iniciativa que cuadra con la previsiones del Ejecutivo para prevenir los efectos del cambio climático.
El Gobierno ha recortado desde 2016 casi a la mitad el envío de agua de Tajo a la provincia al pasar de los 38 hm3 mensuales que hubieran correspondido con las antiguas normas de explotación, en vigor hasta octubre de 2016, a los apenas 20 hm3 que se aprobaron en el último trasvase de octubre. Los regantes denuncian, en este sentido, que sigue sin resolverse el tema de la cesión de derechos (compra de agua en otras cuencas) que se incluyó en el memorándum y no se ha desarrollado.
La cabecera del Tajo soporta el 85% de la demanda de agua y tan solo tiene el 45% de los recursos. Este río acusa, además, una fuerte diferencia hidrográfica y climática, ya que tiene una cabecera hidrográfica, en la cordillera Ibérica, y una cabecera pluviométrica en los macizos de Guadarrama y, sobre todo, de Gredos con grandes desequilibrios de lluvias. En la cabecera llueve menos incluso que en el río Segura, con precipitaciones medias anuales que no suelen superar los 500 litros por metro cuadrado. Sin embargo, en la cabecera pluviométrica, que ese encuentra en la sierra de Gredos, las precipitaciones se sitúan entre 2.000 y 2.500 litros por metro cuadrado al año. Algo denunciado desde hace años por el Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante y que sigue sin resolverse.
Alicante se juega más de mil millones de euros al año (casi 167.000 millones de las antiguas pesetas) de la producción hortofrutícola que depende del trasvase. El agua del Tajo es irrenunciable y no se puede sustituir por la desalada, ocho veces más cara. En concreto, Alicante exporta todos los meses a Europa, norte de África e incluso Senegal toneladas de frutas y verduras, cereales, azúcar, café, cacao, carne, lácteos, huevos, carne, semillas y frutos oleaginosos, piensos y hasta tabaco, imposibles de producir sin el agua del Tajo. La facturación mensual de la exportaciones oscila entre los 85 y los 90 millones de euros.
Por su parte, el presidente de Asaja-Alicante, Eladio Aniorte, reiteró ayer la necesidad de los trasvases «para que nuestros campos tengan agua de calidad y a un precio que podamos pagar», ya que, en su opinión, la desalinización «solo puede ser un complemento y no vale para riego».
