El Ayuntamiento de Alicante ha presentado hoy ante la Autoridad Portuaria las alegaciones contra la instalación de los macrodepósitos de combustible, un proyecto que contempla la instalación (en dos fases) de 18 macrodepósitos con un volumen total de 711.000 metros cúbicos.

Las alegaciones del gobierno municipal subrayan, en primer lugar, que la actuación prevista "choca frontalmente con el histórico espíritu de lealtad institucional y de colaboración entre el Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria para favorecer la integración puerto-ciudad", ya que los usos y aprovechamientos previstos para los depósitos de carburantes son "manifiestamente incompatibles con el modelo de ciudad y el marco de progreso que queremos para Alicante".

A este respecto, el alcalde, el popular Luis Barcala, ha incidido hoy en que "el Puerto no puede dar la espalda al sentir de toda una ciudad que, de forma unánime, ha manifestado su más absoluto rechazo a una actuación que obedece meramente a un interés comercial de la mercantil concesionaria del Puerto y que vulnera directamente el interés general de los ciudadanos y su derecho a que su ciudad les brinde unas condiciones óptimas de salubridad, seguridad, calidad paisajística y vida saludable"

Las alegaciones presentadas en el último día de plazo hacen alusión asimismo a la vulneración del convenio de 1995 suscrito por el propio Puerto de Alicante, además de por el Ayuntamiento, la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Fomento: "Esta actuación hace saltar por los aires el consenso histórico para la erradicación de este tipo de instalaciones en el Puerto de Alicante y que fue un hito histórico para la ciudad".

Dicho convenio establece literalmente que "las instituciones públicas intervinientes consideran que en el futuro no debe haber instalaciones de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos en el Puerto de Alicante". A este respecto, Barcala ha destacado que "el propio Puerto suscribió este convenio, por lo que esta actuación contraviene sus propios actos, lo que no tiene ningún sentido. Lo que pedimos, por tanto, es coherencia".

Otros argumentos esgrimidos en el documento de las alegaciones del Ejecutivo municipal contra la instalación de los depósitos de combustible son que la actuación no reúne los requisitos legales para que pueda realizarse la evaluación ambiental "en su conjunto", ya que no se considera la repercusión global de los distintos aspectos ambiental de la actividad.

A este respecto, el alcalde ha hecho hincapié en que "la tramitación ambiental debe realizarse teniendo en cuenta todas y cada una de las instalaciones pretendidas por la mercantil y la afección que la actividad pueda producir en su conjunto". Para Barcala, "no es de recibo es presentar un proyecto intencionalmente incompleto para que las licencias ambientales se tramiten por separado, eludiendo de esta forma que se pueda contemplar el impacto de la actuación global".

Del mismo modo, el Ayuntamiento hace constar en sus alegaciones que en el trámite ambiental no se han trasladado las medidas de protección que se establecen para los supuestos de accidentes, por lo que "la inexistencia de esa documentación supone la nulidad del trámite de consultas, dado que son un requisito previo para el inicio de la tramitación como claramente se desprende de la normativa aplicable".

La oposición también en contra

Además de las alegaciones presentadas por el gobierno municipal, en el último día del plazo de exposición pública también han acudido a la Autoridad Portuaria el PSOE, Guanyar y Ciudadanos. Desde el PSOE, según consta en el documento firmado por la portavoz socialista, Eva Montesinos, se pide a la Autoridad Portuaria que deniegue la modificación sustancial de la concesión administrativa por la división en dos fases de un proyecto que, en total, pretende mover hasta un millón de toneladas de combustible. "La intención de la mercantil no es otra que evitar controles más estrictos en la instalación de los depósitos. Por lo que se debería retrotraer las actuaciones a la solicitud inicial", señala el documento presentado por el PSOE, que subraya también la falta de estudios sobre impacto ambiental y un informe de seguridad. Los socialistas, de igual forma, también hacen mención al convenio suscrito en 1995 por todas las partes implicadas. "La Autoridad Portuaria no puede permitir la modificación, ya que está viciada de nulidad radical", añaden las alegaciones del PSOE.

Por su parte, la portavoz municipal de Ciudadanos ha defendido su postura en contra de la construcción de una macroplanta de combustible en el Puerto: "Las alegaciones que hemos presentado refuerzan nuestra postura en el pleno, en apoyo a la declaración institucional que aprobamos todos los grupos. Los vecinos de Benalúa Sur y de San Gabriel no se merecen un proyecto que de ejecutarse devaluaría los parámetros de calidad de vida de la ciudad".

Fuentes de Guanyar también han confirmado que hoy iban a presentar las alegaciones contra el proyecto que unió a todos los grupos municipales en el último pleno celebrado en la ciudad de Alicante.

Compromís, que presentó su documento el pasado viernes, se ha mostrado hoy "satisfecho de la movilización ciudadana y política para rechazar la construcción de depósitos de combustible en el Puerto de Alicante". Según su portavoz, Natxo Bellido, su formación vuelve a "pedir máxima unidad de todas las administraciones y de la ciudadanía para oponernos a este proyecto que será negativo para la relación del puerto con la ciudad de Alicante".