El proyecto para la construcción una macroplanta de combustible en el Puerto de Alicante ya suma más de 1.300 alegaciones de vecinos, a las que se suman al menos catorce asociaciones (entre vecinales y sectoriales) y dos formaciones políticas: Compromís y Podemos. El resto de grupos con representación en el Ayuntamiento de Alicante (PP, PSOE, Guanyar y Ciudadanos) tiene previsto registrar sus alegaciones en la sede de la Autoridad Portuaria el próximo lunes, último día de exposición pública del expediente. El proyecto, dividido en dos fases y que pretende mover hasta un millón de toneladas de combustible, unió a toda la corporación en la última sesión del pleno, en el que todos los concejales votaron a favor de una declaración institucional -pactada previamente- que mostraba el rechazo a una macroplanta que contempla hasta 18 macrodepósitos (seis tanques en la primera fase y doce en la segunda) de hasta 50.000 metros cúbicos de capacidad y 30 metros de altura.

Las firmas de los 1.300 vecinos (la mayoría residentes en la zona sur de Alicante) se registraron ayer en la Autoridad Portuaria. Representantes vecinales acudieron incluso con un carrito de la compra en el que transportaron los documentos (todas las alegaciones eran un mismo modelo). También fue un miembro de Podemos Alicante. Compromís, por su parte, registró sus alegaciones en otro momento de la mañana, fuera de la convocatoria organizada por los vecinos al mediodía.

En el modelo utilizado por los vecinos para sus alegaciones, las asociaciones (entre las que se encontraban a AMPA de colegios e institutos o Marea Blanca, un movimiento en defensa de la sanidad pública) aseguran que la decisión de la empresa promotora de dividir el proyecto en dos fases para agilizar los trámites «puede considerarse un fraude de ley», ya que «la evaluación debe realizarse sobre la totalidad, no sobre una parte». Además, consideran la iniciativa privada como un «retroceso inaceptable en el proceso de integración entre el Puerto y la ciudad». Respecto a la posibilidad de un accidente grave en torno a la macroplanta, las alegaciones vecinales hacen hincapié en la cuestión de la seguridad: «No ha dejado de crecer la población residente en el entorno portuario, cuya seguridad se vería seriamente afectada en caso de accidente grave por fuga o explosión de los combustibles almacenados en una instalación tramposamente dividida en dos».

Devolución de fondos

Los vecinos, las asociaciones y Podemos, al igual que hace Compromís en su documento propio de las alegaciones, recuerdan el convenio firmado en 1995 por el Gobierno, la Generalitat, el Ayuntamiento y el Puerto para el traslado de los entonces depósitos de CLH. Los vecinos piden a la institución presidida por Juan Antonio Gisbert que «reafirme y reitere el compromiso expresado» en el documento. De igual forma, todas las alegaciones presentadas ayer también coinciden a la hora de recordar que la retirada de la anterior planta se financió con fondos Feder, por lo que «la Unión Europea podría pedir responsabilidades patrimoniales si se vuelve a instalar una industria del mismo tipo que la que se financió».