La condena a 100 horas de trabajos comunitarios y 3.000 euros para ocho menores, por acosar durante tres años a una compañera en un instituto de la ciudad de Alicante, viene a ser solo la punta del iceberg del maltrato continuado entre menores, porque la inmensa mayoría de los casos de acoso escolar terminan archivados.
La Fiscalía de Menores ha detectado un aumento en el número de denuncias registradas por acoso en centros educativos, pero al mismo tiempo admite que en su gran mayoría acaban archivados porque se trata de menores que no llegan a los 14 años de edad, por lo que no son imputables.
«Se aprecia una subida significativa de las denuncias contra menores de edades inferiores a catorce años, sobre todo por acoso escolar y también en su variante tecnológica de ciberbullying», contempla los jueces en su última memoria anual.
La proliferación de denuncias contra «preadolescentes o impúberes» por hechos relacionados con el acoso escolar se considera un «fenómeno preocupante» para los fiscales de menores, porque «en un porcentaje muy elevado no superan los 14 años», reiteran, de ahí que resulten «archivados».
La Fiscalía remite a la necesidad de abordar la resolución del problema en los propios centros educativos mediante la «prevención», pero tal y como recuerda Francisco Sorolla, presidente de la Asociación Valenciana Contra el Acoso Escolar, AVALCAE, los planes educativos no están resolviendo una situación que sigue resultando alarmante. «En la escuela hay demasiados parches», lamenta.
Su asociación ha recibido a lo largo de este año cerca de 200 casos denunciados por los padres de los niños víctimas de acoso en la provincia de Alicante, sobre los que se ha abierto expediente. «Donde más se concentran es entre los 9 y los 10 años de edad -coincide en apuntar-, con total impunidad delictiva».
Por eso Sorolla recomienda a las familias que siempre que se trate de menores a partir de los 14 años de edad «se denuncie». Y eso pese a que a continuación la sociedad se encuentra con una Fiscalía «sobresaturada que dilata demasiado en el tiempo la resolución de unos casos que afectan profundamente a la vida tanto de la víctima como la de sus padres».
El presidente de la asociación, especialista a su vez en mediación, alerta de que se alargan cada vez más los plazos de resolución para llegar al juicio, por lo que urge la misma medida que se ha llevado a cabo con respecto a la violencia de género, «que se hagan juicios rápidos para el acoso escolar. Deberían abordarse de inmediato», puntualiza.
Solo este curso, desde el pasado 20 de septiembre , la asociación ha sumado la gestión de 25 casos de acoso en la Comunidad, mayoritariamente de la zona de l'Horta de Valencia, seguida por la Vega Baja y las zonas rurales de Castellón. Sorolla propone crear un defensor del estudiante «como el Síndic de Greuges pero con poder ejecutivo, porque el acoso se puede reducir si los pactos educativos no cambiaran cada cuatro años», concluye.
