El colectivo Diversitat LGTBI de Alicante manifestó ayer su malestar por el retraso en la aprobación de la ley de Igualdad que está paralizada en el Congreso de los Diputados desde hace un año, uniéndose así a la protesta realizada en todo el país por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, integrada por 49 asociaciones.

En concreto, en la reivindicación que tuvo lugar ayer en Castellón, según informa Nerea Soriano, los representantes de estos colectivos de València y Castellón denunciaron que cinco menores se han suicidado en Castellón tras ser víctimas de acoso por su condición sexual, y tienen constancia de al menos dos intentos en València.

Por su parte, el presidente de Diversitat en Alicante, Toño Abad, y la portavoz del colectivo, Salomé Medina, recordaron que el primer borrador de esta ley entró en el Congreso en mayo de 2017 y que su paralización únicamente consigue prolongar el sufrimiento y la desprotección de miles de adolescentes que «sólo ven una salida en el suicidio». Coincidieron también en la invisibilidad de los transexuales y en que la ley no consigue devolver la dignidad a todas aquellas personas mayores que durante años tuvieron que ocultar su identidad sexual. «España ha sido pionera en Europa en avances LGTBI pero desde que el borrador de la ley está en el cajón se mira para otro lado. Estamos enfadadas y hartas», señaló Salomé Medina.

Por su parte, Toño Abad destacó que la iniciativa de protesta se llevó ayer a cabo de forma paralela en 49 ciudades bajo el amparo de la Federación Estatal, que ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por el retraso en la tramitación de la ley. «La necesitamos por el incremento en los delitos de odio. Ocurre con cada vez mayor frecuencia y hay discursos de odio en el ámbito político, aparte de que es la primera causa de acoso escolar y no hay medidas a nivel estatal que pongan fin a este tipo de violencia en las aulas».

Según el responsable de Diversitat, sólo el 10% de las agresiones contra el colectivo por razones de odio llegan a la Policía o a los juzgados al no existir un registro «fiable» de las agresiones ni atenderse adecuadamente a las víctimas. «El 90% no se sabe qué pasa con ellas, lo que crea un gran sentimiento de impunidad en el agresor. Queremos que los partidos políticos que impulsaron en sus programas esta ley apuesten ya por su aprobación definitiva». Desde el colectivo LGTBI alertan de que la sociedad sigue «patologizando» la transexualidad puesto que la ley no contempla que estas personas pueden acceder al registro de cambio de nombre sin demostrar médicamente que llevan dos años hormonándose.