El Ayuntamiento de Alicante, encabezado por el popular Luis Barcala, ha recurrido al menos una de las dos sentencias dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante sobre la descarga de graneles en el Puerto de la ciudad. Ambos fallos judiciales iban en la misma línea, estimando el recurso interpuesto por empresas estibadoras, frente a decretos de la Concejalía de Urbanismo, dirigida entonces por Miguel Ángel Pavón (Guanyar), en los que se requería licencia ambiental a las mercantiles para desarrollar la actividad de estiba de graneles pulverulentos del Puerto de Alicante.

Fuentes municipales confirmaron ayer que el Ayuntamiento había recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), aunque no concretaron si el nuevo procedimiento se extendía a los dos fallos conocidos durante este mes de octubre. Desde el Ayuntamiento tampoco explicaron ayer los argumentos expuestos en el escrito remitido al TSJ.

Los dos fallos del Contencioso-Administrativo conocidos hasta la fecha (se esperan más ya que otras empresas también recurrieron el decreto de Pavón) estiman los argumentos de las compañías Cesa Alicante y Alicante Port, argumentando que las estibadoras estaban habilitadas para acudir, como hicieron, al procedimiento de la declaración responsable, en lugar de la licencia ambiental requerida por el Ayuntamiento en la etapa del tripartito con Pavón al frente de Urbanismo, al haber aportado la oportuna autorización administrativa de emisiones a la atmósfera para el ejercicio de la actividad de carga, descarga, transporte y almacenamiento a la intemperie de mercancías a granel en los muelles 11, 13 y 17 del Puerto. «La demandante puede utilizar el procedimiento de declaración responsable, como instrumento ambiental necesario para poder ejercer su actividad, sin que la Administración pueda exigirle que tramite la oportuna licencia ambiental municipal», recoge la primera sentencia, del 8 de octubre. El segundo fallo judicial, también en contra de los intereses del Ayuntamiento, se conoció apenas tres días después. Ambas resoluciones, además, condenan a costas el Consistorio alicantino.

Tras hacerse pública la primera sentencia, el exconcejal de Urbanismo en Alicante y actual líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, quiso dejar claro que para exigir la licencia ambiental municipal a las empresas para desarrollar la actividad de estiba de graneles pulverulentos del Puerto de Alicante se basó en informes de los técnicos municipales, que consideraron que no era suficiente con el procedimiento de la declaración responsable. «Cuando era concejal tomé una decisión en función de lo que me aconsejaron los técnicos, firmé varios decretos para suspender la actividad porque la empresa se negó a solicitarla», señaló Pavón, quien manifestó hace tres semanas su deseo de que el gobierno municipal, ahora en manos del PP, recurriese ambos fallos judiciales: «La sentencia no es firme, cabe recurso y espero que el Ayuntamiento recurra».