Los grupos políticos del Ayuntamiento de Alicante se han unido ahora para mostrar su total oposición al proyecto que plantea la instalación (en dos fases) de 18 macrodepósitos de combustible en el Puerto, a escasos 800 metros de viviendas situadas en barrios como Gran Vía Sur o Benalúa. Sin embargo, en las dos últimas décadas, ni el Ayuntamiento ni la Autoridad Portuaria modificaron sus planes para prohibir, por escrito, instalaciones con derivados del petróleo.
En marzo de 1995, el entonces presidente de la Generalitat, Joan Lerma; el ministro de Industria y Energía, Juan Manuel Eguigaray; el alcalde de Alicante, Ángel Luna; y el presidente de la Autoridad Portuaria, Ángel Cuesta, junto al presidente de CLH, Juan Sancho, firmaron un convenio para el traslado de la planta de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos situada en el Puerto.
En ese documento, que estuvo vigente «desde su firma [...] y hasta la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones», se exponía que las instituciones públicas intervinientes consideraban que «en el futuro no debe haber instalaciones de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos en el Puerto de Alicante». Por ese motivo, se acordaba que los depósitos de CLH debían de trasladarse a otra ubicación. Posteriormente se llevaron a la zona de Els Reiets, en la partida rural de Bacarot.
En el convenio de 1995, además, se recogía que con motivo del traslado de las instalaciones se emprendía una «tarea de remodelación» con objetivos como el «aprovechamiento más racional de las infraestructuras existentes y la creación y apertura del Puerto hacia el poniente y la ciudad», el «realojamiento y ubicación racional de las actividades portuarias» y el «desarrollo de nuevos usos y actividades que potencien el Puerto y la ciudad», junto a otras cuestiones.
El texto firmado hace casi 25 años por los socialistas Lerma y Luna, entre otras autoridades, subrayaba que el traslado de los depósitos tenía un «claro interés social, repercutiendo favorablemente en los aspectos medioambientales», ya que el emplazamiento en la partida de Bacarot eludía «repercusiones negativas derivadas de posibles accidentes, con su consiguiente impacto ambiental». Además, se subrayaba que el cambio de ubicación de la planta suponía una disminución «del riesgo de accidente por el tráfico de vehículos que transportan derivados del petróleo dentro del núcleo urbano».
Sin embargo, durante estos más de veinte años que han pasado desde la firma del convenio y la salida de los depósitos de CLH de la franja litoral, ni el Ayuntamiento ni la Autoridad Portuaria han modificados sus planes, por lo que el proyecto planteado ahora, según reconoció ayer el alcalde de Alicante, Luis Barcala, se trata de «una actividad reglada», al igual que señalaron a principios de semana desde el Puerto. Ni el PGOU, que data de 1987, ni el Plan Especial del Puerto prohíben expresamente este tipo de actividad. Ante esta compleja situación legal, Barcala pidió ayer unidad a todas las administraciones: «Los tres [Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno central] tenemos que coordinarnos en el 'no' a la actividad. Si una pata afloja, divaga o tiene dudas, se nos puede exigir el cumplimiento de la ley y se nos pondría en un aprieto. Necesitamos remar todos en la misma dirección», señaló Barcala, quien fue ayer más allá al advertir posibles cuestiones más graves en el futuro si no se modifican los planes: «O revisamos los usos que se puede dar al suelo o nos podemos encontrar con otros problemas que pueden ser escenarios peores».
Con el objetivo de poner solución a la inacción de estas dos décadas, los grupos, a petición del PSOE, incluyeron ayer en la declaración institucional conjunta instar a la Autoridad Portuaria a «iniciar los trámites para modificar el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios y el Plan Especial del Puerto para que no se puedan implantar instalaciones peligrosas como la que ahora se plantea», en alusión a los 18 macrodepósitos de más de 711.000 metro cúbicos de capacidad total para gasolina y gasóleo.
