Que se investigue. El fiscal Anticorrupción Felipe Briones ha reclamado a la Audiencia que investigue si a la edil del Ayuntamiento de Alicante Nerea Belmonte (ex de Guanyar y la actualidad no adscrita) se le ofreció dinero para que apoyara a la socialista Eva Montesinos como candidata a la Alcaldía tras la dimisión de su compañero Gabriel Echávarri, lo que no hizo.
El fiscal plantea la necesidad de indagar qué hay de verdad en este supuesto ofrecimiento, desvelado por la propia Belmonte en el primer pleno del popular Luis Barcala como alcalde, (cuya elección hizo posible con su voto en blanco), después de que hace junto una semana el magistrado José Luis de la Fuentes archivara la denuncia interpuesta por el acusador público por estos hechos. El instructor concluyó que es la palabra de unos contra la de otros sin que existan pruebas de si realmente se produjo ese intento de comprar la voluntad de la edil tránsfuga, por lo que optó por dar carpetazo al asunto.
Basándose en ese argumento, De la Fuente acordó el viernes pasado el sobreseimiento provisional de la denuncia presentada por Briones tras tomar declaración a la edil, a su asesora y amiga Elsa Martínez, a los portavoces de Guanyar y Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón y Natxo Bellido respectivamente, y al exdirigente socialista Ángel Franco, el único que en la Fiscalía compareció en calidad de investigado y a quien la exdirectora de la Ciudad de la Luz apunta como la persona que ofreció 3.500 euros a cambio del apoyo de la edil a Montesinos. Una afirmación que el exsenador no sólo ha negado sino que declaró ante el fiscal que fue Martínez quien le reclamó el dinero.
El fiscal también plantea que ordene la geolocalización de los móviles de Franco y Elsa Martínez el día que supuestamente se produjo la oferta, una prueba que el magistrado consideró inútil por imprecisa. Ni se podría determinar con esa diligencia el contenido de la conversación que hubiera mantenido, ni es tan exacta cómo para conocer la posición concreta de unos terminales que, por otra parte, podrían haberlos dejado en un lugar distinto a donde se reunieron, argumentó el auto ahora recurrido en apelación ante la Audiencia.
Ni grabaciones ni testigos
Para decretar el archivo ante el que ahora tendrá que pronunciarse la Audiencia el juez también tuvo en cuenta el hecho de que se trata de conversaciones de las que no hay grabaciones ni testigos, además de existir «intereses políticos y personales» que pueden hacer dudar de la objetividad de los testimonios aportados.
Tampoco hay, afirmaba el magistrado, indicios materiales efectivos de que se hubiera producido la compra o el intento de compra de la concejala, lo que hace imposible sostener los mínimos indicios para continuar con una investigación abocada a reiterar lo mismo que ya había hecho el fiscal, Briones en alusión a la toma de declaraciones a todos los implicados, sin que eso haya permitido aclarar los hechos denunciados. No ve el instructor qué otras diligencias se podrían practicar si hubiera acordado abrir un procedimiento penal.
