La tramitación del proyecto para aprobar la construcción en el muelle 19 del Puerto de Alicante de una macroplanta para mover más de 700.000 toneladas de gasolina y gasóleo al año, una vez estén instalados los 18 depósitos previstos, reúne todos los condicionantes para que el asunto se prolongue en el tiempo y no pueda decidirse (aprobación o negación) en lo que queda de legislatura. Fuentes de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Alicante explicaron ayer que tras finalizar el plazo de presentación de alegaciones (12 de noviembre) el proceso entrará en un camino que no tiene fechas, y cuyo recorrido aparece directamente vinculado a la cantidad de alegaciones que se presenten y haya que estudiar, responder o desestimar.
Una vez que acabe este periodo, que podría durar entre un mes y un año, o incluso más tiempo, en función del número de alegaciones, el director del Puerto propondrá al presidente de la Autoridad Portuaria la modificación sustancial, entendida ésta como una modificación del objeto de la concesión, la ampliación de la superficie de la concesión en más de un 10% , y la ampliación de la superficie construida e inicialmente autorizada en más de un 10%.
Una vez el informe llegue al presidente de la Autoridad Portuaria, éste deberá decidir la fecha para incluir en el orden del día el consejo de administración del Puerto la modificación sustancial de la concesión del muelle 19. No hay fecha reglada para convocar un reunión del consejo de administración (la competencia es del presidente) pero en Alicante la media es de seis consejos al año.
Evaluaciones ambientales
Por otro lado, dos leyes estatales, la Ley de Evaluación Ambiental L21/2013 y la propia Ley de Puertos del Estado (artículos 85 y 88) establecen, según subrayó ayer Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción, que el proyecto para la construcción de depósitos de almacenaje de gasolina y gasóleo sometido a información pública, debiera haber incluido desde su fase «temprana» a sendos informes de impacto ambiental. En concreto, el proyecto que deberá aprobar el Puerto necesitaría aportar la documentación ambiental de manera previa según Ecologistas en Acción, al tratarse de una modificación sustancial de la concesión que se concedió en 2013 a Terminales Marítimas del Sureste para gestionar los muelles 19, 21 y 23 hasta 2047, ya que no incluye el movimiento de combustibles. De ahí la importancia de la tramitación de un proyecto dirigido a mover carburante «low cost» para hacer la competencia a las grandes distribuidoras clásicas. Contra la opinión de Ecologistas en Acción está la de los consejeros del Puerto, que opinan que el trámite ambiental es posterior a la vía libre del Consejo de Administración, y la competencia sería del Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat, ya que el Puerto cuenta con un Plan Especial aprobado.
