"Si la ciudad de Alicante está en contra de que se construyan depósitos de combustible en el Puerto la Generalitat estará con la ciudad y en la medida que nuestras competencias lo permitan nos opondremos". Claro y rotundo se ha mostrado esta mañana el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al expresar la oposición a que el Puerto de Alicante acoja una instalación peligrosa como es una planta de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos cuyo proyecto está en estos momentos en exposición pública.

En concreto, la construcción de seis depósitos, de hasta 30 metros de altura con la previsión de mover en una primera fase 100.000 toneladas al año, tal como ha planteado la empresa Terminal Marítima del Sureste, que gestiona el área logística y el muelle 19, donde está prevista la construcción de los depósitos.

Un proyecto que está aún en fase de alegaciones al contar con todas las bendiciones administrativas, al ser un acto reglado, tal como apuntan fuentes de la Presidencia del Puerto que reuerdan, por otro lado, que en la parcela elegida por la empresa se pueden desarrollar esas actividades. No obstante, las mismas fuentes apuntaron que el tema debe resolverse tras analizar toda las alegaciones que presenten.

Ximo Puig es, no obstante, claro en su posición. "Las actividades peligrosas siempre tendrán en contra al Consell, como no puede ser de otra manera pero también hay que instar a la ciudad de Alicante, a su ayutamiento, a la asociaciones que deben hacer una reflexión de lo que quieren que sea su puerto. Es la ciudad la que debe decidirlo y trabajar entonces por el modelo. Por supuesto que la Generalitat está para participar también en ese debate".

El protagonismo real de la Generalitat en esta nueva polémica Puerto-ciudad llegará si al final se aprueba el proyecto en el consejo de administración del Puerto, ya que éste pasaría a la Conselleria de Medio Ambiente responsable de emitir el informe ambiental, tal como sucedió, por ejemplo, con el tema del movimiento de los graneles al aire libre.

El Puerto se mantiene a la expectativa y remite al periodo del estudio de la alegaciones porque antes no ha podido hacer nada al tratarse de un acto reglado de la Adminsitración. "La empresa tiene en todo en regla para plantear una actividad en una parcela donde el PGOU lo autoriza". Recordar, en este sentido, que el Gobierno municipal del PP validó en 2014 un informe de compatibilidad urbanística solicitado por la empresa que hoy apuesta por construir depósitos de combustible. Diecinueve años después, sin embargo, de que el 2 de octubre de 1995 quedara reflejado en una resolución en la que se aprobó retirar los depósitos de CLH que "en el futuro no debe haber instalaciones de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos en el Puerto de Alicante".

La iniciativa que promueve Terminales Marítimas del Sureste para la cesión del uso a la empresa XC Business 90, prevé hasta dos fases. En la primera, la empresa prevé la instalación de seis depósitos, el mayor de 50 metros de diámetro y una altura de casi 30 metros, en el Puerto de Alicante, con una capacidad total de unos 110.000 metros cúbicos, que se destinarían al almacenamiento de gasolinas y gasóleos. Los depósitos de la primera fase se instalarían sobre una parcela de 14.000 metros cuadrados, situada en el muelle 19 del Puerto. El presupuesto rondaría los seis millones.

En la segunda fase se construirían sobre otra parcela de 40.000 metros cuadrados hasta doce macrodepósitos de más de 50.000 metros cúbicos cada uno para un total de 600.000 metros cúbicos para almacenar gasóleos y biocarburantes, pudiéndose incorporar depósitos de gas licuado del petróleo (GLP ) con esferas de hasta 20.000 metros cúbicos para su comercialización a granel o envasado, con un presupuesto de 30 millones.

La empresa hace constar en la documentación que ha aportado al expediente que pretende llegar a mover hasta un millón de toneladas de combustibles al año.

La planta de combustible se situaría a menos de un kilómetro de barrios de la ciudad como Gran Vía Sur (800 metros), Benalúa (800 metros), San Gabriel (1.000 metros) o Ensanche-Autobuses (850 metros), además de centros escolares como el CEIP Benalúa (780 metros) o de la sede de instituciones como Casa Mediterráneo (730 metros).

Barcala pide consenso

Por su parte el alcalde de Alicante, Luis Barcala, reclama que se suspenda el proceso y se busque un consenso sobre el futuro de la ciudad que debe pasar por la industria tecnológica,