La vida no siempre es el regalo que ensalzan los optimistas y las frases motivadoras. En ocasiones, tampoco tiene el final feliz de los cuentos infantiles. El mundo terrenal lleva consigo dolor, angustia y obstáculos atroces que limitan las oportunidades y se imponen a cualquier lección de vida. Alrededor de 350 personas de la provincia -900 en la Comunidad Valenciana- solicitan al año acabar con su vida al sufrir una enfermedad grave y tener un pronóstico irreversible de muerte que conlleva sufrimiento.
Aunque es imposible conocer a ciencia cierta cuántas personas solicitarían la eutanasia en caso de ser legalizada, según los cálculos aproximados de la asociación Derecho a Morir Dignamente, el dato se aproxima al 2% de los fallecimientos. Si se tiene en cuenta que en 2017 se registraron 44.800 defunciones en la Comunidad Valenciana y unas 16.000 en la provincia de Alicante, cerca de un millar de valencianos -350 alicantinos- murieron pensando que les habría gustado que alguien aliviara su dolor drásticamente.
El debate sobre la eutanasia se reactivó la semana pasada. Mientras el PP presentó una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del PSOE, Ciudadanos dará su respaldo a cambio de que antes se apruebe su ley de muerte digna, que ya está en un trámite parlamentario avanzado.
La denominada proposición de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, más conocida como ley de muerte digna, defiende que existen situaciones que afectan a personas que, sin encontrarse al final de sus días, padecen enfermedades o discapacidades graves irreversibles, progresivas en muchos casos, que producen tal nivel de sufrimiento físico o psíquico que se considera incompatible con su dignidad.
Regulando la eutanasia, esos enfermos no tendrían que padecer el progresivo deterioro de sus condiciones vitales hasta límites incompatibles con su integridad física y moral. Se trataría, pues, de una opción individual, que la persona podría ejercer o no de acuerdo a sus propios valores morales.
El presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente en la Comunidad Valenciana y presidente federal, Javier Velasco, recibe a menudo peticiones de ayuda para evitar sufrimiento y de personas que no desean llegar a límites de dependencia: «Pese a que entendemos lo que nos piden, no les podemos ayudar porque solo está permitido ofrecer cuidados paliativos».
Pese a que la propuesta que está sobre la mesa en estos momentos contempla la regulación de la eutanasia en casos de enfermedades terminales que no responden al tratamiento o en personas con discapacidades graves, la asociación llega mucho más lejos y defiende este derecho en cualquier situación que genere sufrimiento «porque creemos que el ser humano es libre en todas las circunstancias».
Según Velasco «la dignidad de la persona se basa en la libertad individual. Igual que tenemos derecho a casarnos o a tener hijos, también debemos tenerlo a vivir libremente nuestra hora final». El colectivo hace hincapié en que la despenalización de la eutanasia no supondrá un aumento de muertes, «sino menos sufrimiento».
Posturas políticas
Los grupos políticos mantienen posturas similares en lo que respecta a la eutanasia, excepto el PP, que se opone rotundamente a su regularización. El diputado socialista Herick Campos ha aclarado que el planteamiento del PSOE es poder decidir sobre la vida cuando existe un pronóstico limitado y una discapacidad grave con un dolor insoportable: «En estos casos se debe proporcionar la oportuna medicación, después de un asesoramiento y un protocolo de atención psicológica para comprobar que se cumplan los requisitos». El PSOE también defiende la importancia de seguir invirtiendo en el desarrollo de los cuidados paliativos hospitalarios y domiciliarios, para que lleguen a todas las personas que se enfrentan al final de sus vidas.
La enmienda del PP a la ley del PSOE es a la totalidad, es decir, rechazo total a que la eutanasia sea considerada como un derecho efectivo y una prestación más que se deba incluir en la cartera del Sistema Nacional de Salud. Loreto Cascales, vicesecretaria de Políticas Sociales del PP de la provincia de Alicante y diputada nacional, ha indicado que el partido que preside Pablo Casado nunca votará a favor de una ley que permita la eutanasia en España, considerando que «nosotros nos encontramos con la Organización Médica Colegial, no en provocar la muerte del paciente, sí en garantizar las condiciones para una muerte digna y sin sufrimiento en aquellos casos de enfermedades terminales».
La diputada popular ha manifestado que «el principio de la muerte digna es el asumido por las organizaciones médicas, de pacientes y por la sociedad en general». En su opinión, «no tiene ningún sentido comenzar la tramitación de una ley sobre eutanasia cuando está la de cuidados paliativos a punto de terminar la suya».
Yaneth Giraldo, portavoz provincial de Ciudadanos, ha mostrado su apoyo a esta ley, entendiéndola como una muerte inducida sin dolor ni sufrimiento, que ya es una realidad en varios países de la UE. «A lo largo de la vida tomamos muchas decisiones vitales, ¿por qué negar que podemos tener la capacidad para optar por una muerte digna?».
También Podemos ha ofrecido el visto bueno aunque, según Marisa Velasco, miembro de la formación en Alicante, se deberían mejorar aspectos como el plazo de las tramitaciones y las evaluaciones del comité. En este sentido, Enric Bataller, diputado de Compromís en el Congreso, considera necesaria la regulación pero también su contexto: «Es un debate que está en la sociedad y se debe buscar la armonía entre el derecho a la vida y el valor de la libertad».
