El rechazo a la planta de combustible sobre terreno portuario ha servido de nexo de unión entre los partidos políticos de Alicante. Todos mantuvieron ayer posturas similares al rechazar el proyecto, excepto uno. El PSOE se quedó solo y prefirió no expresar una opinión concreta para limitarse a decir que lo valorará próximamente tras dialogar con la Autoridad Portuaria. Veinte años después del convenio firmado por el Puerto, el Ayuntamiento, el Ministerio y la Generalitat en el que se consideró que no debía instalarse almacenamiento de combustibles petrolíferos en el Puerto, el tema vuelve a entrar en ebullición en el escenario político.
Con idénticas posiciones, PP, Ciudadanos, Compromís y Guanyar denunciaron la proximidad de las instalaciones al núcleo urbano puesto que se situarían a menos de un kilómetro de Gran Vïa Sur, Benalúa, San Gabriel o Ensanche-Autobuses, de centros escolares como el CEIP Benalúa o de la sede de instituciones como Casa Mediterráneo.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, instó a la Generalitat a suspender la tramitación de la licencia, aunque quiso manifestar su defensa de la actividad portuaria «siempre que sea una actividad sostenible y compatible con el bienestar de los vecinos de Alicante». Barcala instó también a la Generalitat a convocar un foro que incluya a asociaciones vecinales y sectoriales, a la propia Universidad, así como el Ayuntamiento, el Puerto, la Diputación y la administración autonómica, para poder reflexionar y consultar con todas las partes que tengan algo que aportar: «Es importante abrir un proceso de diálogo en el que se escuchen y se valoren todos los argumentos», dijo el alcalde popular.
Por su parte, el portavoz municipal de Guanyar Alacant y exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, está dispuesto a acudir al Juzgado y presentar un contencioso en caso de que se apruebe la modificación de la concesión. La formación presentará alegaciones contra esta iniciativa privada y una declaración institucional en el pleno del próximo jueves, instando al Ayuntamiento a no conceder la licencia ambiental al alegar el retroceso que supondría para la integración entre puerto y ciudad, los problemas de tráfico y su peligrosidad en caso de fuga o accidente. Pavón mantendrá esta semana una reunión con los vecinos para explicar su rechazo. Guanyar tampoco descarta trasladar la iniciativa al Congreso de los Diputados y también a las Cortes Valencianas al denunciar que la empresa pretende poder llegar a mover hasta un millón de toneladas de combustibles al año, con más de 500 buques cargados que se descargaría en los depósitos, «lo que supondría miles de camiones cisterna trasladando el combustible a estaciones de servicio de la ciudad, de la provincia e incluso de otras provincias». Para Pavón, es «una auténtica barbaridad y un despropósito».
El PSOE fue el único partido que ayer no se pronunció sobre la instalación de la macroplanta en el Puerto. La portavoz Eva Montesinos afirmó ayer a este medio que prefiere valorar en profundidad esta instalación y que llamará mañana al presidente portuario «porque consideramos que debe existir un equilibrio entre los intereses de los vecinos y el Puerto, siempre y cuando nos atengamos a la legalidad».
La portavoz de Ciudadanos en Alicante, Yaneth Giraldo, indicó que la idea «no parece la más apropiada al instalarse una actividad potencialmente peligrosa», recordando que los vecinos de la zona, de San Gabriel a Gran Vía Sur, ya han tenido que sufrir durante años el problema de los graneles al aire libre. «Habrá que tener toda la información completa para adoptar una decisión que compete también al Estado y a la Generalitat Valenciana», afirmó Giraldo.
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, también se opuso a la instalación de la planta de combustible al considerar que estas instalaciones «deben estar más alejadas del casco urbano». Según Bellido «políticamente entendemos que deben alejarse del casco urbano y votaremos a favor de la propuesta de Guanyar para oponernos a esta instalación». Compromís estudia la posibilidad de presentar alegaciones.
También el grupo parlamentario de Podemos presentó un escrito en el Congreso para defender los derechos de los ciudadanos de los barrios colindantes.
Dos fases
El proyecto recoge dos fases. La primera incluye la instalación de seis depósitos con una capacidad total de unos 110.000 metros cúbicos en una parcela de unos 14.000 metros cuadrados y con un presupuesto de 5,78 millones de euros. La segunda fase se desarrollaría en otra parcela de 40.000 m2 con 12 macrodepósitos de más de 50.000 metros cúbicos con un presupuesto de 30 millones.
Recordar que la modificación sustancial solicitada por Terminales Marítimas del Sureste a la Autoridad Portuaria se encuentra en información pública. El plazo de alegaciones acaba el próximo12 de noviembre.
