Es la palabra de unos contra la de otros sin que existan pruebas de si realmente se intentó comprar la voluntad de la edil tránsfuga Nerea Belmonte para que apoyara a la candidata socialista a la Alcaldía de Alicante tras la dimisión de su compañero Gabriel Echávarri, lo que al final no hizo propiciando con su voto en blanco que la Alcaldía pasara a manos del popular Luis Barcala.
Basándose en estas premisas, el magistrado José Luis de la Fuente ha acordado el sobreseimiento provisional de la denuncia presentada por el fiscal Felipe Briones por estos hechos. Una medida que adoptó tras tomar declaración a la edil, a su asesora y amiga Elsa Martínez, a los portavoces de Guanyar y Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón y Natxo Bellido respectivamente, y al exdirigente socialista Ángel Franco, el único que en la Fiscalía compareció en calidad de investigado y para quien ahora se cierran también las actuaciones.
En un auto contra el que cabe recurso, el magistrado concluye que no hay forma de determinar si es cierto lo que dice cada uno de los intervinientes en las conversaciones donde supuestamente se hizo la oferta. La edil aseguró en el primer pleno de Barcala que «desde la izquierda» le habían ofrecido 3.500 euros al mes y un puesto de salida en las próximas elecciones a cambio de su apoyo a la candidata socialista. Una oferta que posteriormente y en Fiscalía la exdirectora de la Ciudad de la Luz concretó que se la realizó Ángel Franco, lo que el exsenador no solo negó en su declaración ante el fiscal sino que aseguró que fue Martínez quien le reclamó el sueldo.
Para dictar el archivo el juez destaca el hecho de que se trata de conversaciones de las que no hay grabaciones ni testigos, además de existir intereses políticos y personales que pueden hacer dudar de la objetividad de los testimonios aportados. Tampoco hay, afirma el magistrado, indicios materiales efectivos de que se hubiera producido la compra o el intento de compra, lo que hace imposible sostener los mínimos indicios para continuar con una investigación abocada a reiterar lo mismo que ya ha hecho el fiscal, en alusión a la toma de declaraciones a todos los implicados, sin que eso haya permitido aclarar los hechos denunciados. No ve el instructor qué otras diligencias se podrían practicar si hubiera acordado abrir un procedimiento penal.
Diligencia sin utilidad
En el auto también se rechaza el planteamiento del fiscal de que se solicitara la geolocalización de los móviles de Elsa Martínez y de Ángel Franco el día en que supuestamente estuvieron reunidos y se hizo la oferta. Una prueba que el magistrado De la Fuente considera inútil por imprecisa. Ni se podría determinar con esa diligencia el contenido de la conversación que hubiera mantenido, ni es tan exacta cómo para conocer la posición concreta de unos terminales que, por otra parte, podrían haber dejado en un lugar distinto a donde se reunieron,
Desde el PSOE se lamentaron ayer de que el fiscal no hubiera optado por archivar su investigación antes en vez de llevarla al juzgado para evitar los daños que actuaciones así provocan.
