La Fiscalía y la acusación particular que ejerce el hijo mayor de la víctima consideran a Miguel López autor material e intelectual del crimen de María del Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala. Ambas partes pedirán al juez la apertura de juicio oral para el único sospechoso por el crimen y las penas que reclaman para él. Fuentes próximas a estas dos acusaciones confirmaron que acusarán a Miguel López de los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas, mientras que aún falta por conocer la postura que mantendrá en el proceso la acusación particular que ejercen las hijas de la fallecida, que siempre han defendido la inocencia de su cuñado. Una vez que tenga los escritos de las partes, el magistrado José Luis de la Fuente tendrá que decidir si decreta o no la apertura de juicio oral.
María del Carmen Martínez murió tras recibir dos disparos en la cabeza la tarde del 9 de diciembre de 2016 mientras recogía su coche en una empresa de automoción (Novocar) que regentaba su yerno, principal sospechoso del crimen. Los investigadores sostienen que el móvil fue el enfrentamiento existente en la familia por el control del emporio empresarial. Miguel López, que siempre ha defendido su inocencia, fue arrestado cuando estaban a punto de cumplirse dos meses del crimen. Por estos hechos, pasó un total de 39 días en prisión preventiva hasta que el juez le dejó en libertad con una fianza de 150.000 euros.
Cerca de dos años después del asesinato, el juez ha dado por cerrada la instrucción judicial y ha instado a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral, tal como ya publicó ayer este diario. En caso de ser enviado a juicio, la causa sería competencia de un jurado popular en la Audiencia Provincial.
Tanto el Ministerio Público, como la acusación particular que ejerce Vicente Sala consideran que hay «indicios concluyentes» para sentar en el banquillo a Miguel López por los delitos que se le imputan. El Código Penal prevé penas de entre 15 y 25 años de prisión por el asesinato, tras la reforma aprobada en 2015 que elevó las penas para ese delito. En esa misma reforma se implantó la figura de la prisión permanente revisable, prevista solo para los casos más graves.
Munición manipulada
La investigación apunta que el arma empleada para cometer el crimen, que no ha sido localizada, pudo ser una pistola antigua y que el presunto autor manipuló la munición para ser poder ser disparada con ella. Aunque Miguel López tiene licencia de armas y hacía tiro olímpico, no tenía autorización para usar un arma como la utilizada para cometer el asesinato. Por este motivo, estas acusaciones consideran que también habría cometido otro delito de tenencia ilícita de armas. El Código Penal prevé penas de entre uno y dos años de prisión por la tenencia de armas de fuego cortas sin los permisos necesarios.
El magistrado ha dado por cerrada la instrucción judicial después de haber recibido la única prueba que estaba pendiente, el análisis del material encontrado en los dispositivos móviles del sospechoso a los que se tuvo que acceder a través de una herramienta utilizada por el FBI y adquirida por el Ministerio del Interior, después de que la defensa de López se negara en sede judicial a facilitar las claves de acceso.
En el informe policial entregado en el juzgado se refleja la fluida comunicación del sospechoso en los meses previos al crimen con uno de los testigos, que fue interrogado en varias ocasiones en la Comisaría durante las primeras pesquisas. Tras recibir las conclusiones de los investigadores, fuentes del caso coincidieron en señalar que quizá la investigación policial se podría haber llevado de otro modo.
Para los investigadores resulta de interés el elevado tráfico de llamadas entre Miguel López y Jesús Tavira, propietario de un desguace que estuvo en Novocar la tarde del crimen y que fue llamado a declarar a Comisaría en varias ocasiones hasta que fue descartado como sospechoso. A pesar de que los dos en Comisaría dijeron que su relación no era demasiada estrecha, entre el mes de agosto y el 15 de diciembre de 2016, se registraron hasta 232 llamadas entre Miguel López y Tavira, según el informe policial. «Ninguna en fechas anteriores y especialmente ninguna en fecha posterior a la ejecución del crimen, salvo una de un minuto, el 15 de diciembre», dice el mismo documento. El mes de agosto coincide con el fragor de la batalla familiar por el control de la empresa del plástico.
El informe policial también reflejaba que tras la muerte de María del Carmen Martínez «salvo por los mensajes de condolencias por parte de algunos de los contactos del usuario de la línea móvil (en alusión a Miguel López) no aparece referencia alguna al crimen en ninguna de las conversaciones, chats ... con su pareja (la hija menor de la víctima) ni familiares cercanos, cosa del todo incoherente con el hecho de haber sido asesinado un familiar cercano», destaca.
