Crecer en un entorno sano es fundamental para el desarrollo social y emocional de cualquier niño. Sin embargo, la dejadez en su cuidado o su abandono físico ponen en riesgo su vulnerabilidad y su derecho a recibir cariño, respeto y seguridad. Más de 1.000 menores son tutelados cada año por la Generalitat Valenciana en la provincia de Alicante al encontrarse en situación de desamparo. Los motivos son muy variados: las personas adultas que deben encargarse de su seguridad no cumplen con su obligación en diferentes supuestos como malos tratos, drogadicción, abusos o, entre otros, inducción a la delincuencia, o bien no están físicamente a su lado, como en el caso de los inmigrantes no acompañados que llegan a la Comunidad o aquellos niños o adolescentes que han perdido a sus progenitores. Varios profesionales que trabajan con estos chavales han querido dejar claro que en ningún caso ellos son responsables de encontrarse en esta situación y su abandono no se puede achacar a su mala conducta.
Las cifras de niños desamparados aumentan en torno a un 10% cada año. Mientras que en 2015 se formalizaron 1.075 tutelas en la provincia, en 2017 la cifra fue de 1.180 y de un total de 3.451 en toda la Comunidad Valenciana. En este 2018, hasta el mes de septiembre un total de 1.231 niños y adolescentes fueron declarados en riesgo. La Conselleria de Igualdad atribuye este incremento a la llegada de menores de edad no acompañados, sobre todo inmigrantes. La Comunidad Valenciana es la sexta autonomía que más personas recibe en esta situación.
En la provincia de Alicante hay 40 centros de acogida con un total de 515 plazas. Del total de niños tutelados en la actualidad, 465 viven en acogimiento residencial mientras que 766 conviven con familias, ya sea con o sin vínculo de sangre.
Por norma general, los chavales que residen en un centro de acogida están matriculados en un colegio, donde acuden igual que cualquier otro alumno.
Novedades en el protocolo
La declaración de desamparo puede venir motivada por una denuncia policial o sentencia judicial, pero también se puede activar el protocolo porque se detecte una situación de riesgo para el niño a través de Sanidad (una atención hospitalaria o su médico de cabecera), Educación (la tutora o algún profesor del centro) o Servicios Sociales. Una vez se hace un estudio del menor se le deriva al recurso más adecuado para sus circunstancias (familia acogedora o centro de acogida). La Conselleria está fomentando el acogimiento familiar, sobre todo en el caso de los menores de 6 años. Con este objetivo, además de ponerse en marcha diversas campañas, se han mejorado las prestaciones económicas que reciben. La directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, ha manifestado que «muy importante impulsar acciones que contribuyan a conseguir que los niños, niñas y adolescentes se puedan desarrollar en un ambiente familiar». Molero también ha resaltado que las ayudas a las familias acogedoras se han equiparado y ya perciben la misma cantidad las educadoras que las extensas.
Los centros de acogida también sido objeto de una reforma desde 2016. El nuevo modelo de acogimiento infantil reduce el número de plazas por centro y amplía el de profesionales alrededor de un 60%. Los menores que entran en el sistema de acogida tienen un seguimiento, tanto ellos como sus familias, para evaluar su evolución y su relación con su entorno.
Menores no acompañados
Las cifras de personas no acompañadas que han llegado a la Comunidad Valenciana se han triplicado en los últimos tres años. Mientras que en 2015 fueron 116 los menores sin acompañamiento, en 2017 fueron 360 y hasta agosto de 2018 se contabilizaron 547, de los que 215 pertenecían a Alicante. Para los menores de edad extranjeros, se ha puesto en marcha el denominado «Proyecto Migratorio» en el que se tienen en cuenta las particularidades que tienen en cuanto al desconocimiento del idioma y de la cultura del territorio al que llega. Con esta iniciativa, además de garantizar la existencia de mediadores culturales, existen plazas con ratios reforzadas, personal específico y recursos para facilitar su alfabetización. En este momento el Proyecto Migratorio, que se ha puesto en marcha en 2018, cuenta con 72 plazas y la previsión es que antes de que finalice el año sean 150.
