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Seiscientos años de falsedades

Es inadmisible que el Gobierno quiera cobrar 70 millones para desbloquear el Júcar-Vinalopó cuando generó el problema al cambiar el proyecto

Recogida de uva de mesa en Novelda, uno de los municipios con más problemas de agua. áxel álvarez

Seiscientos años se cumplirán en septiembre de 2020, a la vuelta de la esquina ya, desde que un septiembre de 1420, setenta y dos años antes de que un joven marino, Cristóbal Colón, convenciera a la reina Isabel la Católica para que le financiara el viaje para descubrir América -la cita me parece interesante por la magnitud del problema del agua y los años que han pasado sin solución-, Elche y Villena se unieran para reclamar caudales del Júcar a València. Seis siglos de peticiones, promesas, anuncios, proyectos, incluso obras, que nos han llevado hasta hoy, con un trasvase fallido, 20.000 agricultores al borde de un ataque de nervios, y con un montón de municipios, como Elda, que extraen el agua potable a 400 metros de profundidad con un alto contenido en sal, unos costes económicos desorbitados y con la incógnita de que se trata de una bolsa de agua subterránea que tiene fecha de caducidad. Elda y todos los municipios afectados están a 40 kilómetros de las desaladoras. Un polvorín, porque, incluso, es impensable plantear que les llegue agua desalada desde la costa. Habría que pagarla a precio del mejor cava.

¿A quién le importa si cuando abro el grifo sale agua? Ahí está el problema. Una pregunta que hasta puede ser aceptable si la realiza un vecino de los municipios afectados, pero que resulta impresentable cuando la afirmación llega de los que tienen que resolver el problema, que ni sienten ni padecen, ni se les cae la cara de vergüenza, al comprobar, negro sobre blanco, que el trasvase Júcar-Vinalopó costó la friolera de 400 millones de euros.

Una lluvia de millones que sólo ha servido para que hasta la provincia hayan llegado en los últimos seis años 38 hm3 de agua de riego desde la desembocadura del Júcar (para uso urbano no es viable), de los 480 hm3 que hubieran correspondido si se hubiera cumplido el convenio firmado entre el Gobierno y la Junta Central de Usuarios el 13 de julio de 2001, año en el que se acordó la construcción conjunta del trasvase. Diecisiete de años después, la batalla legal entre regantes y usuarios sigue sin resolverse y solo tiene hasta ahora una gran derrotada, la provincia de Alicante, que en temas hídricos no pinta nada en Madrid.

Todo hasta ahora han sido parches con los que tapar una herida que estuvo a punto de derivar en gangrena el pasado verano, cuando Acuamed se negó a activar el riego de socorro, único y anual, si no se aceptaba el precio que imponía por el agua y que no podían pagar los regantes. La misma empresa estatal que lleva ya seis años sin solucionar las filtraciones del embalse villero de San Diego (30 millones de euros de coste), y cuya oposición frontal en verano llevó a que la Generalitat tuviera que rascarse el bolsillo e inventarse una subvención de más de 800.000 euros para que Madrid abriera el grifo. El agua del riego de socorro se acabará a final de noviembre y, si nadie lo remedia, las comarcas del Vinalopó y l'Alacantí volverán a quedarse secas, a pesar de que desde hace un año en algún cajón del Ministerio está el texto del convenio definitivo aceptado entonces por ambas partes. Documento que no llegó a firmarse por la incapacidad e indolencia de la exministra García Tejerina, y que ahora está a punto de saltar por los aires al reclamar el Ministerio que los regantes abonen 70 millones de euros por la parte de las obras que, según Madrid, les corresponde abonar.

¿Tan difícil es solucionar un problema capital en la provincia de Alicante? Admito que el problema del agua sea difícil hasta de explicar en Madrid, máxime cuando en el cuarto año consecutivo de sequía y con el Tajo-Segura cerrado nueve meses apenas no se hayan resentido las cosechas -¿mercado negro del que nadie ha-bla?,- pero el Gobierno está obligado a buscar una solución que, indudablemente y lo dicen los técnicos, no puede basarse exclusivamente en las desaladoras, tal como sostienen los rectores del agua en Madrid, que no hacen otra cosa que seguir el guión impuesto por su mentora, Cristina Narbona y su tristemente célebre máxima: el agua del trasvase Tajo-Segura se irá reduciendo a medida que se vaya incorporando el agua de las desaladoras. Dicho y hecho. El PP tampoco se apartó un milímetro del argumento y hoy, el gobierno de Pedro Sánchez se refugia en el cambio climático y la naturaleza para poner fecha de caducidad a un trasvase con el que se explica el nivel de vida y renta que ha adquirido la provincia de Alicante en los últimos 30 años para beneficio de los alicantinos y de miles de españoles que se benefician de los que se produce en esta tierra, de acogida además.

Con el Júcar-Vinalopó bloqueado y el Tajo-Segura herido de muerte por la falta de voluntad política (en la cuenca hay agua de sobra para trasvasar todos los años 400 o 500 hm3 de forma regular pero no están en la cabecera y no quiero mentar al Ebro), la historia juzgará en su día, y cada vez falta menos, la incapacidad de los José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, por haber dejado caer a la provincia por no haberla dejado secarse.

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