La Concejalía de Urbanismo busca «fórmulas para legalizar» las obras de asfaltado en el Moralet, en la que varios vecinos decidieron ampliar hacia sus domicilios y sin permiso municipal la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento. Pese a asegurar en un primer momento que se trataba de un asunto «entre particulares», el gobierno municipal ha dado un giro y ahora está buscando alternativas que permitan dar forma legal a unas obras de ampliación del asfaltado que no contaron con el permiso del Ayuntamiento y que están en la Fiscalía después de que Podemos decidiera denunciar el presunto ofrecimiento de asfaltado por parte de las empresas que fueron adjudicatarias de las obras del Ayuntamiento a cambio del pago en negro de 700 euros por vecino.
Por su parte, ante las supuestas ilegalidades, el pleno municipal aprobó hace apenas quince días la creación de una comisión de investigación, a petición de Guanyar y gracias al respaldo del PSOE, Compromís y el edil tránsfuga Fernando Sepulcre (ex de Cs), frente a los votos en contra de PP, Cs y la también tránsfuga Nerea Belmonte (ex de Guanyar). Los populares perdieron esta votación pese a que el alcalde, el popular Luis Barcala, hizo una contraoferta a la formación liderada por Miguel Ángel Pavón: llevar el pliego a la comisión de Contratación para examinarlo.
El intento del gobierno municipal de dar con el mecanismo que permita legalizar las obras de ampliación realizadas por los residentes sin permiso municipal se produce en pleno conflicto vecinal entre entidades de la partida rural. Mientras que al pleno estuvo representada la asociación Nuevo Moralet, otras seis entidades de la zona (Moralet Alto, Loma Espí-Cañada Alcoy, Comisión de Fiestas Patronales La Ermita del Moralet, Asociación Cultural Taurina del Moralet, Comisión de Fiestas Padres e Hijos del Moralet y la Asociación de jubilados y pensionistas del Moralet) han remitido, en cambio, un escrito al área de Urbanismo para pedir que «quede sin efecto» la comisión de investigación, argumentando que «nace bajo el paraguas de unas directrices políticas, sin tener en cuenta la opinión de la mayoría de los vecinos» y que su puesta en marcha «perjudica más que beneficia los intereses» de los residentes en la partida.
