Casi 600.000 valencianos (el 11,69 % de la población de la Comunitat Valencian) residen en una zona que se encuentra en riesgo de sufrir una inundación. Son cifras alarmantes que podrían dejar un panorama desolador en caso de que los 220 litros por metro cuadrado que cayeron el martes sobre la localidad mallorquina de Sant Llorenç (y que provocaron al menos 12 muertes) descargasen sobre la autonomía valenciana, uno de los territorios más expuestos en jornadas de lluvias torrenciales, según indica a INFORMACIÓN Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción.

No en vano, el Síndic de Greuges, José Cholbi, afirmó ayer que «las inundaciones en la Comunitat Valenciana constituyen el riesgo natural que mayor número de daños, tanto en vidas humanas como en bienes, ha causado a lo largo de la historia».

En una España en la que el negocio del ladrillo creció como la espuma, las edificaciones «ilícitas» de viviendas en zonas cercanas al cauce de los ríos, torrentes, ramblas, arroyos o en primera línea de costa son, según la organización ecologista, los factores de riesgo que llevan a que en la Comunitat Valenciana el 6,2 % del territorio (144.817 hectáreas) se encuentre catalogada como inundable (más allá de las causas medioambientales que han provocado que la frecuencia de lluvias torrenciales en el territorio pasen de 50 a 15 años).

Municipios como Alaquàs, Alboraia, l'Alfàs del Pi, Calp, Elx, Picanya, Ontinyent o Godella superan el nivel 4 de riesgo de inundación en una escala que el Plan de Acción Territorial de Inundación de la Comunitat Valenciana (Patricova) cataloga del 1 al 6.

«Con la burbuja inmobiliaria se empezó a construir en zonas que deberían haber estado restringidas a la edificación de viviendas. Luego, como hemos visto en el caso de Mallorca, al final las consecuencias las sufren quienes viven en las zonas afectadas», explica Arribas a este diario.

«En la Comunitat Valenciana hemos sido líderes en construcción ilegal mientras los ayuntamientos miraban a otro lado y hacían la vista gorda», añadió. De hecho, según Ecologistas en Acción, existen al menos 45.000 construcciones en alto riesgo de inundación distribuidas en toda España.

Protocolos contra inundación

Consciente de ello, el Consell fue pionero en la elaboración y aprobación en 2003 de un plan de acción territorial frente al riesgo de inundaciones que ha venido ordenando el territorio valenciano atendiendo a las características específicas de este riesgo y su impacto sobre las personas, los bienes económicos y el medio ambiente.

Pese a ello, según publicó este diario el pasado mes de agosto, solo 25 de los 136 municipios de la Comunitat Valenciana tienen un Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de inundaciones (es decir, el 82 % de los municipios con riesgo medio o alto de sufrir una emergencia derivada de las lluvias torrenciales no tiene un protocolo bajo el que actuar).

Según el informe de Patricova la provincia de Castelló es la que presenta un mayor porcentaje de personas afectadas, un 18,08% de su población, frente al 9,74% en la de València. La provincia de Alicante presenta valores intermedios entre Castelló y València, destacando que tanto las cifras porcentuales como las absolutas se encuentran más próximas a los de la provincia de València. Esta es la más susceptible de sufrir inundaciones en un 6,8 %, mientras que la de Castelló lo es en un 3,5 % y la de Alicante, la provincia que presenta una mayor peligrosidad, alcanza valores del 8,3 %.