El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante ha dictado una nueva sentencia por la que se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto en este caso por la empresa Cesa Alicante, frente a decretos de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, dirigida entonces por Miguel Ángel Pavón, por los que se requirió licencia ambiental a la empresa para desarrollar la actividad de estiba de graneles pulverulentos del Puerto de Alicante. La Generalitat terminaría meses después ordenando el cierre del Puerto una semana en enero de 2018 con desvíos de barcos a otros puertos porque el Puerto incumplía la autorización de enmisiones a la atmósfera, avalada por un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comuniad Valenciana. La nueva sentencia condena de nueva al Ayuntamiento de Alicante al pago de las costas.

Según adelantó la Asociación de Trabajadores dependientes del Puerto (Atdapa), al primer fallo conocido tras el recurso presentado por Alicante Port le iban a seguir otras dos, ya que el resto de estibadoras también recurrió. Las dos sentencias ya conocidas son recurribles ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ).

La sentencia estima los argumentos esgrimidos por la compañía Cesa Alicante, en el sentido de que la estibadora estaba habilitada para acudir, como hizo, al procedimiento de la declaración responsable, en lugar de la licencia ambiental requerida por el Ayuntamiento en la etapa del tripartito con Miguel Ángel Pavón al frente de Urbanismo, al haber aportado entre la documentación presentada la oportuna autorización administrativa de emisiones a la atmósfera para el ejercicio de la actividad de carga, descarga, transporte y almacenamiento a la intemperie de mercancías a granel en los muelles 11, 13 y 17 del Puerto de Alicante. "La demandante puede utilizar el procedimiento de declaración responsable, como instrumento ambiental necesario para poder ejercer su actividad, sin que la Administración pueda exigirle que tramite la oportuna licencia ambiental municipal", recoge la sentencia fechada el pasado 8 de octubre.

Tras conocerse el primer fallo, el exconcejal de Urbanismo en Alicante y actual líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, quiso dejar claro que si exigió la licencia ambiental municipal a la empresa Alicante Port SL para desarrollar la actividad de estiba de graneles pulverulentos del Puerto de Alicante, fue basándose en un informe de los técnicos municipales, que consideraron que no era suficiente con el procedimiento de la declaración responsable. "Cuando era concejal tomé una decisión en función de lo que me aconsejaron los técnicos, firmé varios decretos para suspender la actividad porque la empresa se negó a solicitarla", manifestó Pavón.

Pavón aseguró que la situación "abocaba a firmar decretos para suspender la actividad, porque la empresa consideraba que era suficiente con la declaración responsable". Según indicó Pavón la pasada semana, "la sentencia no es firme, cabe recurso y espero que el Ayuntamiento recurra".

Fuentes del gobierno municipal, ahora en manos del PP, aseguran que los servicios jurídicos están "estudiando" si recurren los fallos contra el Ayuntamiento de Alicante.

Tras conocerse la nueva sentencia, el que fuera alcalde de Alicante durante la etapa de Pavón al frente de Urbanismo, Gabriel Echávarri, se ha mostrado crítico con el líder de Guanyar. "Otra condena en costas que pagaremos todos los alicantinos por el capricho de Pavón. Y ojo que estas sentencias le deja a las puertas de ser denunciado por prevaricación", ha señalado el exregidor socialista a través de su cuenta en Twitter.